Durante la segunda sesión del juicio compareció también la dueña de la residencia, Isabel Domínguez, cuyo testimonio fue orientado por parte de las acusaciones hacia la responsabilidad civil del caso. Los delitos se le imputan solo a la presunta pirómana, pero si los jurados aprecian que hubo negligencias en la gestión y seguridad del centro -o en su inspección, por parte de la DGA-, variarían los responsables de las indemnizaciones.
Domínguez no fue clara a la hora de contestar por qué no subsanó las reiteradas deficiencias que, desde el 2006 (la residencia abrió en 1997, sin licencia municipal), venían detectando las inspecciones de la DGA. Reconoció que fruto de los expedientes sancionadores le llegaron «tres multas», que no recurrió, aunque tampoco quedó claro si pagó.
La dueña de la empresa sí negó algunas de las faltas, como que tuviera las puertas de emergencia bloqueadas. Tenían una cerrada con llave, explicó, pero con esta al alcance de los empleados, porque una residente «se nos escapó» por ella.
La mujer recordó, en relación con la acusada, que días antes del suceso le comentó una noticia leída en prensa, acerca del incendio de una habitación por parte de un interno en otra residencia.
En la sesión de ayer también intervinieron dos inspectoras de la DGA que, en el 2014, constataron que había residentes inválidos, de las plazas concertadas por el Gobierno de Aragón, en las plantas superiores. Lo cual no solo era irregular sino un sinsentido, habiendo personas válidas en la planta calle.
Recordaron deficiencias encontradas en anteriores inspecciones como fallos de mantenimiento o carencia de personal, algunas no resueltas. Pero no vieron necesario pedir un cierre cautelar, porque el problema no era tan grave. La inspección antiincendios, aclararon, no era cosa suya.
