Los tres acusados en el caso karts de Plaza mantuvieron ayer su inocencia ante el jurado que, durante toda esta semana, deberá escuchar sus argumentos y los de los testigos para decidir si conspiraron o no para encarecer el precio de los terrenos del antiguo Kartódromo Aragón y orquestaron el pago de una comisión de alrededor del 10% (660.000 euros de los 6,3 millones abonados) para repartírsela.
La comisión la destapó ante la Policía el dueño del karting, Santiago Becerril, que ayer reiteró en la Audiencia Provincial de Zaragoza que pagó una mordida a Ricardo García Becerril. «No hay otra verdad que esa», reiteró. El pago al exgerente de Plaza, con el que quedaba en un hotel frente al teatro Principal de Zaragoza, lo hizo en tres sobres.
Otra cosa es que supiera que estaba cometiendo un delito, porque había oído «en el bar» que lo habitual era pagar peajes «de un 8% o un 10%» por las naves de la plataforma, y pensaba que era «como comprar un piso». Finalmente su abogado le desveló que aquello no era muy legal, pero como había «un pacto entre caballeros», terminó el último pago. Y por confesarlo a la Policía diez años después, «por decir la verdad, me veo aquí», defendió.
Se ve allí, en el banquillo, aunque con una petición de condena de 18 meses de prisión, al tener en cuenta su confesión. Por contra, quien presuntamente recibió esta mordida, Ricardo García Becerril, se enfrenta hasta a once años. Igual que Carlos Escó, el exconsejero delegado de Plaza, con quien García Becerril dijo al dueño del terreno que se iba a repartir el dinero. En realidad, recordó, se refirió a él como «el consejero delegado, el de la barba».
Tanto García Becerril como Escó negaron tal comisión, una acusación «rotundamente falsa», según el primero. Sus declaraciones compartieron un matiz conspiranoico, en el que el exgerente se definió como «el paganini» de una guerra política judicializada entre el PP y el PSOE. Escó, por su parte, afirmó que él no tenía duda de que iba a llegar al banquillo porque «en el caso Plaza tenía que haber un político», y el resto «son aforados».
DATOS «FALSOS»
Las declaraciones de ayer de los tres acusados no hicieron sino confirmar lo que han venido manteniendo durante la instrucción de este caso. La sorpresa fue la aportación de una documentación de última hora que, según explicó el abogado de Carlos Escó, Juan Monclús, le remitió el pasado lunes el exconsejero de Obras Públicas y expresidente del Consejo de Administración de Plaza Javier Velasco.
Según Monclús, y a la espera de lo que hoy cuente Velasco como testigo, la información desmontaría la tesis de las acusaciones de que los terrenos del karting fueron sobrevalorados. Siempre según el letrado, el exgerente de Plaza Jesús Andreu, que sucedió en el cargo a García Becerril, presentó en su denuncia ante Anticorrupción en Madrid (que dio origen a los diversos casos Plaza) una hoja excel con diversos precios de compra de terreno, «sin membrete ni firma».
Esta hoja contenía entre otros datos los precios pagados por dos terrenos con negocios: los de Petróleos Zaragoza, expropiados a 69,46 euros el metro cuadrado y los de Hermanos Roche Pérez, a 57,92 euros. La Policía habría tomado estos precios para su informe y el perito judicial los usó igualmente como referencia, para concluir que el terreno del karting debía valer 2,3 millones, no los 6,3 millones pagados.
Las defensas, recordó el letrado, pidieron reiteradamente durante la instrucción la documentación sobre estas dos compras, pero les fue denegada. Ante la inminencia del juicio, Escó se las pidió a su compañero de filas socialista, y Velasco se la dio. Y según esta, en realidad el terreno de Petróleos se pagó a 175 euros por metro cuadrado, y el de Hermanos Roche a 271. Con ello, los 187 euros por metro cuadrado que costó el karting no serían tan «desorbitados» como sostienen las acusaciones.
Monclús tildó por ello de «falsa, o por ser más benévolo, errónea», la denuncia de Andreu, que también deberá comparecer como testigo para aclarar de dónde salieron sus cifras.
Por el momento, las acusaciones siguen manteniendo que estos dos cargos de Plaza se repartieron la comisión (delito de cohecho) obtenida tras pactar un incremento del pago por los terrenos (malversación). La cuestión «fácil» y la «difícil» para el jurado, sintetizó el letrado de Plaza. Porque en esta última también decidirán si el dinero de Plaza es público (más de un 36% era de las cajas de ahorro), una cuestión sobre la que el propio Supremo ha pedido más tiempo para debatir, a raíz del recurso por una condena también de Plaza.
