Varias organizaciones ecologistas consideraron ayer que era «inadmisible» la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón de permitir el inicio de las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler, en el Pirineo aragonés, en un escenario de «emergencia climática».

En un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife y World Wide Foundation (WWF), lamentaron la apuesta por incrementar las infraestructuras de esquí, «abundando en un modelo urbanístico y de turismo obsoleto que generará enormes pérdidas económicas a la sociedad».

Estas organizaciones opinan que el inicio de las obras «reactiva un proyecto que nunca debió autorizarse» y reclaman la paralización de los trabajos de ampliación de la estación y el destino de los recursos previstos a proyectos de desarrollo sostenible del territorio. Igualmente denuncian que el proyecto, cuyas obras se iniciaron el pasado 12 de septiembre, se apoya en una declaración de impacto ambiental aprobada en el 2010 y «prorrogada sucesivas veces a instancia del promotor, Aramón».

Los ecologistas advierten que el Ejecutivo regional valora declarar las obras como Proyecto de Interés General para Aragón, que conllevaría una «mayor flexibilidad y laxitud» a la hora de conseguir permisos y licencias, así como de llevar a cabo expropiaciones.

A juicio de estas organizaciones, Aramón está incumpliendo uno de los condicionantes establecidos en la declaración de impacto, la redacción de un estudio pormenorizado de los restos arqueológicos hallados en la zona de las obras. Además, consideran que el hecho de que la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, presida al mismo tiempo el consejo de administración de Aramón da lugar a «situaciones sospechosas».

Por su parte, el Ejecutivo aragonés asegura haber llevado a cabo los estudios e informes exigidos en la declaración de impacto ambiental, pero no los aporta para su revisión. Por esta razón, las organizaciones denunciantes aseguran tener «razones para dudar de su calidad y ajuste a la nueva normativa ambiental».

En este sentido, advierten que en la zona de las obras se han avistado ejemplares de oso pardo y lobo, especies en peligro de extinción cuya presencia no se contemplan en la declaración de impacto ambiental elaborada inicialmente.

El anuncio hecho el pasado mes de marzo por la consejera Gastón de inicio de las obras con un presupuesto de 40 millones de euros motivó la reactivación de la oposición ecologista al proyecto, quienes pidieron información al Ayuntamiento de Montanuy hace más de cuatro meses, sin que se les haya facilitado, incumpliéndose así la ley de transparencia. Tampoco se ha especificado de donde van a salir los 40 millones de euros en que se estima el coste del proyecto.