Los grupos ecologistas con presencia en Aragón en pleno hicieron público ayer su malestar con el Gobierno de Aragón, y en particular con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, por el retraso en la aplicación del plan de protección de la rana pirenaica y, en general, de las especies amenazadas. La DGA optó por suspender el plan hace unos meses ante la polémica suscitada entre los empresarios turísticos, que veían amenazado el barranquismo con este plan; para los ecologistas, sin embargo, fue una decisión «política» que contraviene la necesaria conservación de la fauna.
Según difundió Ecologistas en Acción de Huesca, en representación de «los grupos ecologistas aragoneses en su totalidad», planes como el de la rana son «la última esperanza» para especies «al borde de la extinción».
Recordaron que han dado «excelentes resultados» en otras especies como el quebrantahuesos, cada vez menos en peligro, pese a lo cual los dedicados a otros animales como la citada rana, el oso pardo o la avutarda, experimentan escasos o «ningún avance» en lo que llevamos de legislatura. Algo que relacionan con la eliminación del Medio Ambiente de la denominación de la consejería.
APROBADO
Los ecologistas recordaron que el plan de protección de estos batracios recibió el dictamen positivo del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, con un solo voto negativo entre 40. Este organismo está compuesto, recordaron, «por todos los partidos políticos, administraciones, Confederación Hidrográfica del Ebro, organizaciones agrarias, empresariales y sindicales, universidad, federaciones deportivas, centros de investigación y el propio Gobierno de Aragón, siendo los grupos ecologistas una minoría». Por lo que consideran que la protección goza de un «amplio respaldo social» que Olona no ha respetado.
Los ecologistas temen que estemos ante «una legislatura perdida» en protección medioambiental, un ámbito que consideran que se usa como «arma arrojadiza» entre los políticos.
Olona justificó en su momento la paralización del plan precisamente por el rechazo social, expresado por los operadores turísticos y hosteleros del Pirineo y luego abanderado por la oposición. Sostenían que prohibir el barranquismo en determinadas épocas de cría de la rana acabaría con más de la mitad de los ingresos del sector.
