La comisión encargada de supervisar la creación de Ecoprovincia aceptó ayer 25 de las 34 alegaciones recibidas del nuevo servicio impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para llevar los residuos de toda la provincia al vertedero de la capital con mayor coste para los municipios que una tasa.

Asimismo, la comisión aceptó parcialmente tres alegaciones más y las otras seis restantes se rechazaron con el apoyo de todos los grupos menos el PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en esta decisión.

Ecoprovincia es un servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos creado por la Diputación de Zaragoza con el objetivo de reutilizar o reciclar al menos el 50% en peso de sus residuos para el año 2020, según recordó la DPZ. Se trata de una medida impuesta como obligación por la Unión Europea.

Además, el órgano de seguimiento aceptó todas las alegaciones que se oponían a la construcción de una planta de transferencia en Paracuellos del Jiloca y ratificó lo que ya anunció el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, en el V Foro de Alcaldes y Alcaldesas: que la institución provincial asumirá los costes de funcionamiento del servicio.

La construcción de las seis plantas de transferencia se presupuestó en 4,4 millones de euros y, por tanto, será asumido por la Diputación de Zaragoza, que también aportará como subvención al coste del servicio 1,6 millones de euros anuales. Los contribuyentes de los municipios tendrán que pagar unos 5 euros más por hogar al año, y los ayuntamientos 9 euros más por tonelada de basura.