Los representantes del Espacio de Información, Orientación y Defensa de los Derechos Sociales han criticado hoy que la prestación de "servicios en precario" está sirviendo para que las listas de espera a la atención a la dependencia se estén reduciendo.

La trabajadora social Margarita Moya, la abogado Beatriz Zalaya y el profesor universitario jubilado Ángel Sanz han reconocido que tras dos años de gestión del Gobierno de Aragón PSOE-CHA "la esperanza se ha tornado en decepción", porque pensaban que "se iba a solventar el roto" que propició "el Partido Popular como consecuencia de los recortes".

No obstante, han reconocido que se ha avanzado y ha habido cambios, pero sobre todo como consecuencia del punto tan bajo desde el que se partía.

"Tratamos de poner voz a los usuarios de Servicios Sociales. Hay lista de espera y los servicios son muy miserables", ha denunciado Moya.

También ha insistido en recordar a los usuarios, tanto a los afectados como a los familiares, que la prestación de los diferentes servicios sociales es "un derecho exigible".

Ángel Sanz ha explicado que la gestión comenzó de manera "ambivalente y se ha tornado a frustrante, por lo que el balance solo puede ser negativo".

Por su parte, Zalaya ha explicado que hasta el momento han interpuesto nueve demandas contra el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y en los siete casos en los que ya tienen sentencia han sido favorables al dependiente y con condena al IASS a abonar las cantidades o a prestarle los servicios que correspondan.

De hecho, ha destacado que en estas sentencias favorables, dado el número que habían presentado, se han pronunciado los cinco juzgados de lo contencioso que hay en Zaragoza.

Los supuestos planteados a los juzgados eran: personas dependientes cuyo Programa Individual de Atención (PIA) no ha sido aprobado; con un PIA aprobado; fallecidos, y personas que tienen reconocida una prestación para cuidados en el entorno familiar y les han quitado dos años en el abono de los atrasos.

Entre los avances que se han producido en dos años, desde julio de 2015 a abril de 2017, han destacado que se ha llegado a casi 40.000 personas con derecho, que supone un aumento del 7,6 % frente al 2,1 % de España; las personas beneficiarias han pasado de 16.826 a 22.662, un 34,7 % de incremento, más del doble de la media nacional, así como el incremento de las prestaciones ofrecidas y su variedad, aunque en Aragón sigue sin ofrecerse la de Asistente Personal.

En la parte negativa han situado la prevención y promoción que antes no existía y ahora supone el 9,8 % con una "enorme desproporción" de seis puntos con respecto al resto del Estado; los servicios de proximidad (teleasistencia, ayuda a domicilio y centro de día) que están desarrollos en Aragón (13 %) muy por debajo de la media nacional (39,5 %), y la atención a residencias que aunque la cobertura supera a la media nacional lo califican como "puro efecto estadístico" porque está estancada en torno a 3.500 plazas.

Estos servicios o prestaciones económicas presentan en Aragón en abril de 2017 un ratio de 1,10, con atención a 22.662 usuarios que reciben 25.009 prestaciones, mientras que España es del 1,23.

También han demandado que se ponga en funcionamiento la Mesa del Diálogo Social, que no se reúne desde octubre de 2016, y es la única de las que se pusieron en marcha que prácticamente no registra actividad.