Yo con Fincas Atlanta no tengo nada que ver", aseguró ayer, en su declaración en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza como acusado por un delito de desobediencia, Eduardo Lacasta.

El empresario, que lleva cinco semanas en prisión preventiva como presunto responsable del agujero de 45 millones de euros generado por varias sociedades del entramado que opera bajo esa marca, se sentó ayer en el banquillo para responder de un delito de desobediencia por el que la Fiscalía pide para él ocho meses de cárcel y la empresa Zareca, que le acusa de haberle causado un quebranto de 41.844 euros, un año. Su defensa, a cargo de la letrada Elena Gabarre, pidió la absolución.

Lacasta está acusado de haber desoido el requerimiento de un juzgado zaragozano para aclarar cómo había sido liquidada la deuda que el denunciante reclama a Gestión Colectiva 2000, una de las empresas clave de la trama que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 y de la que él es administrador.

En su declaración explicó que los tres requerimientos que los funcionarios entregaron en la sede de Fincas Atlanta --inexistente como tal, aunque más de medio centenar de empresas operan bajo esa marca--, en la calle Josefa Amar y Borbón, nunca llegaron a sus manos. Él, explicó, "no iba todos los días" y "las cosas las mandaba hacer". El día a día, dijo, lo llevaba un administrativo, mientras él se dedicaba a los asuntos de Gestión Colectiva 2000.

Dos empleados --un antiguo administrativo y el contable del grupo-- coincidieron en no recordar haberle dado los requerimientos y en explicar que el correo lo recogía "el que estaba más cerca" y luego lo repartía. Él, añadió, solía entregarle documentos a otro empleado para que los contestara porque "era quien llevaba el día a día".

"¿Quién organizaba, o desorganizaba, el trabajo en Fincas Atlanta?", le preguntó el abogado de la acusación particular, Simón Lahoz. "La gente de Fincas Atlanta, el API", respondió, sin lograr aclarar a continuación cómo se llamaba ese agente.

"Ha jugado a la imprecisión para distraernos", sostuvo la fiscala al pedir su condena. "Tenía montado un sistema de dejadez y desprecio, no solo a la justicia sino también a terceros", añadió Lahoz. "No existen pruebas de que desobedeciera ninguna orden", indicó Gabarre.