El Departamento de Educación, tras el trabajo realizado por Inspección Educativa, ha retirado durante este curso un total de 240 expedientes de alumnos con necesidades específicas que eran irregulares. Todos los casos se han dado en centros concertados de Aragón.
De ellos, 52 expedientes de escolarización los retiraron los propios centros por voluntad propia, mientras que los 188 restantes se eliminaron tras comprobar con inspección y con los orientadores de los centros que no eran correctos. Así lo detalló ayer Ricardo Almalé, director general de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, durante su comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes.
La situación ha salido a la luz tras comprobar «un aumento en determinados centros» de este tipo de peticiones de alumnos en los primeros meses del 2018. Esta situación, denunciada públicamente por sindicatos y Podemos, provocó dos inspecciones que arrojaron la eliminación de los 240 expedientes totales en concertados.
Por otro lado, Almalé apuntó que solo en Zaragoza se reciben unas 3.000 solicitudes para Infantil y Primaria fuera de plazo de escolarización y que el 40% de ellas son de alumnado con necesidades educativas específicas. «Por eso es importante que el nuevo decreto de escolarización mantenga la reserva de plazas para estos estudiantes durante todo el curso. De esta manera, la matriculación de este alumnado puede ser equilibrada», precisaron fuentes del departamento.
El recientemente publicado decreto de Inclusión establece esta garantía de plazas. «Conseguimos tener, fuera de plazo, una mayor matriculación de alumnos con necesidades en los centros con menos demanda», dijo.
«Los principios de equidad y atención a la diversidad son capitales en todas las enseñanzas básicas y no se trata de una mera actuación ni una disposición normativa, sino que deben de ser integrales y dirigidos a todo el alumnado», apuntó el director general.
Reacción / Por su parte, desde FSIE Aragón, la organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, defendieron la «incuestionable profesionalidad» de los orientadores de los centros concertados y del profesorado trabajando con estos alumnos.
«A los orientadores se les debe mejorar la dotación horaria, los recursos materiales que necesitan, las retribuciones en las horas asignadas a Infantil y Primaria y facilitar aun más el acceso a la formación específica que oferte el Departamento de Educación», consideró el sindicato. «Está fuera de duda su correcta actuación en función de la normativa y de la situación que han analizado en cada uno de los centros», añadieron.
Por otro lado, FSIE confía en que la nueva normativa de inclusión «evite situaciones como la que se ha generado en este proceso de escolarización», dijeron. «Confiamos en que se establezcan claramente las funciones y competencias de cada parte en el procedimiento de diagnóstico y reconocimiento de estos alumnos con necesidades educativas».
