Los altos cargos dependientes del Gobierno central sólo tienen la obligación política de atender las comparecencias solicitadas por las Cortes Generales y no por los parlamentos autonómicos, subraya el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria.
El Gobierno responde en esos términos a la diputada socialista Laura Seara, quien se interesó por si el Ejecutivo había dado instrucciones a sus delegados en las comunidades para que los altos cargos o el personal dependiente de la Administración General del Estado no comparezca en parlamentos autonómicos.
El Ejecutivo recuerda que una de las funciones que la Constitución otorga a las Cortes Generales es el control de la acción del Gobierno, para lo cual puede pedir la presencia de Ministros y otros altos cargos de cuya actuación podrían derivarse responsabilidades políticas.
En el caso de los parlamentos o asambleas autonómicas, el Gobierno considera que sus facultades de control deben entenderse referidas a las competencias contenidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía y respecto de los cargos públicos dependientes de las instituciones autonómicas.
Por lo tanto, para el Ejecutivo es "evidente" que los altos cargos del Gobierno de la nación "sólo tienen la obligación política de atender las comparecencias solicitadas por las Cortes Generales".
