El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que, ante todo, endurece los controles, que serán "exhaustivos", sobre esta prestación para asegurar que los que la reciben sean, "en todo momento", aquellos que cumplen los requisitos. Nada se dice de reducir los plazos de demora que acumula la ayuda. El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se limitó a señalar que el tiempo que transcurre entre la petición y la percepción dependerá de cada caso. El Justicia de Aragón acumula quejas a este respecto y el departamento no aclaró si la nueva regulación solventará el problema.

El proyecto de ley amplía los colectivos que podrán beneficiarse del IAI. Hasta ahora solo podían pedirlo las familias en riesgo de exclusión social, y ahora se amplía a los parados que han dejado de percibir prestaciones. En la actualidad 5.775 personas tienen la ayuda que va de los 441 euros a los 621,26. El número de perceptores, con un abanico de potenciales beneficiarios más amplio, tendrá que aumentar forzosamente, por lo que los problemas en la saturación del sistema podrían agravarse. Algo, sin embargo, que Oliván rechazó: "No debería suceder", dijo, porque la ley "está pensada para actuar por estas dos vías".

Pero ante todo Sanidad endurece los controles, que serán mensuales para los beneficiaros. Se quieren evitar casos como los que el departamento repite sin cesar: la del trabajador que tenía un sueldo en el extranjero y además percibía el IAI. No aclara si este tipo de situaciones eran la excepción o la regla. Lo único seguro es que el Ejecutivo se marca como prioridad atajar el fraude.

Entre otras obligaciones, los beneficiarios no podrán ejercer la mendicidad, como hasta ahora, y como novedad, no podrán rechazar un puesto de trabajo --siempre que sea materialmente posible aceptarlo--. Si uno de los perceptores encuentra empleo y su salario es inferior al mínimo del IAI, el Gobierno le pagará la diferencia hasta alcanzar lo que marca la prestación de inserción. En todo caso, podrá tener derecho a ambos ingresos.

EMPLEO Si los beneficiarios encuentran un empleo de muy corta duración, tendrán que iniciar otra vez los trámites pero la ley prevé su agilización a través de una nueva herramienta que se pondrá en marcha: Social informa, y las solicitudes se responderán en el mínimo tiempo posible. Un plazo que, suele suceder con el consejero Oliván, no especificó.

Otro de los objetivos de la ley es equiparar la norma aragonesa a la de las comunidades limítrofes para evitar el "efecto llamada", señaló Oliván, de forma que fija como intervalo de edad de los beneficiarios de la prestación entre los 25 y los 65 años. También podrán serlo menores de 25 años que tengan a su cargo menores o discapacitados, procedan de instituciones de tutela a menores o sean huérfanos de padre y madre, así como mujeres víctimas de violencia doméstica y mayores de 65 que no perciban pensión no contributiva. Se establece en dos años el periodo de empadronamiento y residencia legal para ser titular de la prestación.