Un Ejército cada vez más tecnificado tras la supresión de la ‘mili’

La histórica medida respondía a numerosas causas, entre ellas la oposición de un creciente número de jóvenes a ingresar en filas, una protesta que se presentaba bajo dos formas: la de objetores o la de insumisos. Los primeros realizaban en su lugar la denominada Prestación Social Sustitutoria o PSS, mientras que los segundos se negaban a ambas, lo que se pagaba con la cárcel.

En Aragón, ese paso hacia la profesionalización del ejército liberó de la mili a millares de jóvenes por primera vez desde principios del siglo XIX, cuando se instituyó el reclutamiento forzoso, pero no universal, pues las clases sociales adineradas disfrutaban de privilegios que les permitían eludir o aliviar el servicio forzoso a la nación.

Especialización necesaria

Pero, con ser importante, el cambio de mentalidad que propició el auge del movimiento antimilitarista llegó acompañado de otras transformaciones que hacían inevitable derivar hacia el Ejército profesional. Así lo requería la participación en misiones de mantenimiento de la paz en el extranjero y la adquisición de un armamento cada vez más avanzado a raíz del ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en mayo de 1982.

Los avances tecnológicos en los medios de combate y de locomoción en los tres ejércitos precisaban un personal especializado con un contrato duradero con las Fuerzas Armadas con el fin de que adquirieran la pericia necesaria para su manejo, mantenimiento y reparación.

Además, desde finales del siglo XX, debido a su compromiso atlantista, España intervenía en actividades cada vez más complejas en escenarios peligrosos, como los Balcanes o Irak. En 1990, en la primera guerra del Golfo, que fue tremendamente impopular, España tuvo una participación que se limitó a prestar ayuda en el embargo marítimo. Pero aun así, ese compromiso supuso el envío de 150 marinos de reclutamiento obligatorio.

Así fue como el 4 de noviembre del 2000, siempre bajo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, tuvo lugar el último sorteo de la mili. Y un año más tarde se derogó oficialmente el servicio militar. Por aquel entonces, había un extendido rechazo social al periodo de permanencia en filas, solo eludible en casos muy concretos. Además, ya en 1985 se reconoció legalmente la objeción de conciencia y se creó la prestación social sustitutoria (PSS), que en su periodo de vigencia pasó de 5.000 a 170.000 peticiones, una cifra que ya duplicaba el de las tropas regulares.

De hecho, cuando la mili pasó a ser profesional se produjo una caída muy marcada del número de alistados, fenómeno que se intentó paliar con incrementos salariales, mejoras en la formación y ofrecimientos de estabilidad para la tropa y la marinería.

Llegada de la mujer

Pero el cambio de modelo, pese a producirse en una fecha concreta a principios del siglo XXI, no fue brusco. En septiembre de 1988 una ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, Patricia Ortega García, ingresó en la Academia General de Zaragoza, convirtiéndose así en la primera mujer que accedía a las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, cuando las féminas representan más del 12% del total en las FAS, Ortega es asimismo la primera mujer con el rango de general en el Ejército español.

Por otro lado, en el 2002, el Ministerio de Defensa, ante la disminución de reclutas españoles (por el bache demográfico y la contestación social) decidió permitir la entrada de inmigrantes hispanoamericanos. Al principio se fijo un límite máximo del 2% de los efectivos de la Fuerzas Armadas, pero posteriormente se subió hasta el 9%. Su presencia se hizo notable en unidades como la Legión y la Brigada Paracaidista (Bripac), lo que explica también su mayor presencia en operaciones de riesgo en Afganistán y Líbano.

Misiones en el extranjero

Hay que tener en cuenta asimismo que en 1989 España adquirió el compromiso de participar en las misiones pacificadoras de la ONU, lo que suponía disponer de efectivos bien preparados y de una capacidad de proyección cuyo funcionamiento se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo.

Otras fechas importantes en el camino hacia la desaparición de la mili (que sigue contemplada como tal en el artículo 30 de la Constitución) fueron el año 1984, cuando su duración se rebajó a 12 meses (anteriormente oscilaba entre 15 y 18) y 1992, cuando se acordó reducirla a nueve meses.

Cuando Trillo hizo el anuncio de la supresión de la mil ya había 76.000 militares alistados voluntariamente y los llamados a filas sumaban unos 80.000, si bien el número se veía muy mermado al final debido a las prórrogas solicitadas, a los objetores y a los insumisos.

El 31 de diciembre del 2020 las Fuerzas Armadas españolas disponían de 131.458 efectivos militares entre Tierra, Aire, Armada y cuerpos comunes. Se trata de un cifra alejada de la que se registraba en los últimos años de existencia del servicio militar obligatorio, cuando había una media de 200.000 hombres. Los estudios realizados por expertos en defensa demuestran que España necesita 150.000 y 168.000 militares profesionales para llevar a cabo las misiones que el Ejército tiene asignadas.

Un efecto lateral de la supresión del servicio militar obligatorio fue la reorganización de las unidades de los tres ejércitos, todavía en marcha. Con anterioridad al 2001, en los años 90 del pasado siglo, se fueron cerrando cuarteles para adaptarse a las nuevas circunstancias organizativas. En Aragón, se abandonaron instalaciones en Zaragoza (San Lamberto), en Sabiñánigo (Gravelinas) y en Barbastro (General Ricardos)