El funcionario de la Policía Nacional que instruyó el atestado por la presunta profanación de un nicho en Calatayud en abril del 2016 ha declarado esta mañana por videoconferencia, en el juicio que ha concluido en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, que el acusado, C. L. P., de 28 años, «estuvo relatando por teléfono paso a paso» a una amiga «lo que estaba haciendo en el cementerio».

El agente asegura que los mensajes escritos y hablados, así como las fotos de la lápida y el ataúd con el difunto, estaban en el móvil de esta testigo que, cuando compareció en la primera sesión de la vista oral, el pasado 19 de febrero, se retractó de su primera declaración incriminatoria en comisaría y subrayó que las había atribuido a C. L. P., «bajo coacción» de su antigua pareja.

El acusado, que es hijo de los propietarios de una funeraria en la que trabaja como empleado, se enfrenta a una pena máxima de cinco meses de prisión y una indemnización de 10.000 euros por daños morales como autor de un delito contra los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, según solicita el letrado de la acusación particular, Roberto Gállego. La fiscala, por la misma infracción penal, pide una multa de 3.600 euros y otros 6.000 en concepto de responsabilidad civil. Ha hecho hincapié en que la testigo que exculpa ahora al acusado acudió a la Comisaría de Calatayud «voluntariamente y sin coacciones de ningún tipo, según la declaración del autor del atestado».

Cambio de declaración

«El acusado, solo o con otras personas, acudió al cementerio, arrancó la lápida, que estaba en el quinto nivel del cuartel de nichos, y violentó el ataúd», ha asegurado Roberto Gállego, que ha señalado que, tras esta acción, el imputado «iba por ahí jactándose de su acción».

«El acusado va radiando a su amiga paso a paso cómo hace todo», ha afirmado el abogado, que ha indicado que C. L. P. fue a Zaragoza con un trozo de la lápida «que iba enseñando a sus amigos». «Si la testigo ha cambiado su declaración es porque después de los hechos mantuvo una relación sentimental con el acusado», ha señalado Gállego.

Desde su punto de vista, el imputado, al trabajar en una funeraria, «sabía cómo entrar en el cementerio, retirar la lápida y apalancar el féretro». En cuanto a la móvil de esa supuesta profanación, Gállego apunta a que el acusado quería «satisfacer una curiosidad morbosa para comprobar que la persona que se hallaba en el ataúd estaba realmente muerta».

Sin embargo, la letrada de la defensa, Silvia Acién, niega todas estas acusaciones y pide la absolución de su cliente argumentando que «no existe ningún indicio que apunte a su autoría» y que «ni siquiera se ha demostrado que sea el autor de las imágenes».

Las instantáneas en cuestión se difundieron rápidamente por las redes sociales y acabaron llegando a los padres del fallecido, que presentaron una denuncia.

Acién mantiene que la Policía Nacional no había realizado una prueba pericial tecnológica para averiguar el origen de las fotografías y los audios, lo que invalida que se puedan sacar conclusiones a partir del hecho de que estuvieran en el terminal de la testigo. Asimismo, manifiesta que C. L. P. había sido acusado de profanar el nicho al no ceder ante «una extorsión económica» de un amigo del difunto.

Además, la abogada ha dicho que había otros aspectos que demostraban la inocencia del acusado, como que cuando ocurrieron los hechos pesaba 156 kilos, lo que hacía imposible que saltara la puerta del cementerio, o que no tenía la llave necesaria para manejar la grúa que hacía falta para acceder al nicho. También ha sostenido que la caída de la lápida se debió a un fuerte viento que la arrancó.

C. L. P. no ha querido hacer declaraciones al término de la sesión de juicio de hoy, que ha quedado visto para sentencia, pero ha señalado ante los medios que confía en que «se haga justicia» y se le absuelva de un delito que no cometió. Cuando declaró en la primera sesión del juicio insistió en que no tenía nada que ver con la profanación y aludió a que la única explicación posible era que había sido víctima de un chantaje de alguien que le había pedido 4.500 euros y, al no prestárselos, había amenazado con perjudicarle.

Los padres del difunto piden que se realice la prueba del ADN

Los padres del difunto, que llevaba muerto cuatro meses cuando su nicho fue presuntamente profanado, aseguran que, tras todo lo ocurrido, no saben realmente si su hijo se encuentra enterrado en el cementerio de Calatayud. Por eso piden, por vía judicial, que se abra el féretro y se lleve a cabo una prueba del ADN de los restos para tener la certeza de que pertenecen a su descendiente. De hecho, la indemnización, caso de ganar el juicio, podría servir para tal fin.