El debate sobre el futuro de las instalaciones de la vieja fundición Averly ya no admite más espera. Siete meses es el plazo ya marcado para que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se posicionen en un dilema que ya está en la calle. Ambos tienen la llave para remar hacia su conservación como patrimonio de la ciudad y la comunidad autónoma; o su derribo para dar paso a las 200 viviendas que ya permite el Plan General de Ordenación Urbana en los casi 9.000 metros cuadrados de parcela que la empresa Averly vendió al Grupo Brial el pasado mes de enero por unos diez millones de euros.

Una posición política que se demora mientras los acontecimientos se suceden conforme avanzan las semanas. De momento, Patrimonio ya está estudiando la posibilidad de catalogar todo el legado de Averly o solo el contenido de las maltrechas naves de la vieja fundición. La semana que viene está previsto que las visiten responsables de este departamento para conocer in situ su estado de conservación y la valía del continente y el contenido de estas instalaciones.

LA PROPUESTA DE BRIAL El ayuntamiento, por su parte, ya ha recibido el plan especial que el actual propietario ha elaborado para intervenir en estos terrenos. Una propuesta que plantea tres edificaciones de diez alturas en el lado más próximo a la calle Trovador, un edificio singular que llegaría hasta las 16 plantas que estaría contiguo a la residencia de la familia Averly y el jardín decimonónico que conserva pero que está abandonado, y otras dos construcciones de nueve y tres alturas más cercanas a la calle Borao.

Los técnicos de Urbanismo están analizando la propuesta de Brial y los condicionantes que tiene, o que puedan surgir, antes de elevarlo a la Gerencia de Urbanismo. Cuando esto suceda, ya no habrá opción de mirar para otro lado, que es exactamente lo que han hecho el PSOE y el PP municipal hasta ahora. Porque si se rigen, estrictamente, por "cumplir con la legalidad vigente" --ese ha sido su discurso hasta ahora-- el PGOU es muy claro al respecto y la piqueta no tardará en llegar.

La constructora, en este sentido, está mostrando una actitud muy conciliadora con la administración y sensible a las iniciativas que los ciudadanos han manifestado desde que EL PERIÓDICO dio a conocer la operación de venta de estos suelos y su intención de levantar 200 pisos en la zona. Pero cuando hizo la compra, Brial tenía claro que quería edificar y, de hecho, siendo consciente de que podría solicitar ya mismo la licencia de derribo de esas naves, no lo ha hecho porque la pelota ahora está en el tejado de las instituciones. Sencillamente, es difícil determinar qué postura van a adoptar.

Sin embargo, hay una fecha que no es baladí en este proceso: el próximo 31 de diciembre. Este es el día que se fijó en el contrato de compraventa con la familia Averly para que todas las instalaciones de la antigua industria ya en desuso quedaran desalojadas, vacías de todos los materiales y maquinaria que alberga en su interior. Un máximo que a las administraciones les supone ahora un plazo para tomar una posición en el debate. Así que, al margen de las opiniones, contrarias o favorables a la conservación de estas instalaciones, el tiempo corre para todos, sobre todo para la Administración, porque catalogar el edificio supone un añadido: adquirir un compromiso inversor para darle vida en el futuro. Empezando por una rehabilitación de las naves que los técnicos ya calculan que costaría en torno a 1,5 millones de euros por el deterioro acumulado como fruto de la inactividad.

Desde otros sectores ya se apunta a la posibilidad de crear un grupo de trabajo que aglutine a todas las partes implicadas: DGA, ayuntamiento, propietarios actuales, coordinadora ciudadana constituida para defender el legado de la fundición y, por supuesto, los dueños de Averly. Una familia que, por otra parte, todavía no se ha manifestado sobre si cedería gratis todo el patrimonio que se pretende mantener para la ciudad.

2.200 METROS DE PARQUE Otra de las cláusulas hace referencia a la residencia y al uso que se le va a dar. Según ha podido saber este diario, Brial se comprometió con su actual dueña, Carmen Hauke, a rehabilitar esta construcción, protegida como bien de interés arquitectónico y artístico, y a entregársela cuando finalicen las obras para que la disfrute mientras viva.

Con lo que respecta al jardín, el plan especial también contempla la cesión de 2.226 metros cuadrados de superficie al Ayuntamiento de Zaragoza para que pueda crearse allí un espacio público. En principio se destinaría para habilitar una zona verde en la que se integraría el jardín de la residencia Averly.

Esta superficie formaría parte del 35% de suelo que Brial está obligado a ceder al consistorio, y que se completaría con 910,19 metros cuadrados de viario público en Escrivá de Balaguer. Este espacio se integraría con la acera, en las inmediaciones de la confluencia con la calle Trovador, haciendo que el vial abandone su curvatura para adoptar formas más rectas. La acera ganaría amplitud y tendría un acabado más acorde con el entorno.

DGA y ayuntamiento tienen algo que decir porque si se pidiera ya la licencia para demoler, Urbanismo debería concederla, forzosamente, y solo la incoación de un expediente para su catalogación lo podría detener. Si la DGA decide hacerlo. Años de inacción que ahora se convierten en una lucha contra la presión social, los intereses privados y, sobre todo, el reloj.