Los partidos de la oposición en Aragón, PSOE, IU y CHA, presentarán en agosto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Lenguas promovida por el Gobierno aragonés, PP-PAR. La iniciativa cuenta con más de 60 firmas en el Congreso de los diputados, con sus poderes notariales, 50 son del grupo parlamentario socialista y 11 de Izquierda Plural.

Además, varios partidos se han ofrecido para colaborar con una firma "testimonial" como el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Así lo explicó ayer el diputado en el Congreso por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, quien destacó que se trata de una iniciativa "aragonesa".

En concreto, el recurso lo ha elaborado un equipo jurídico de la Universidad de Zaragoza, encabezado por el profesor de Derecho Administrativo, Ángel Garcés. El plazo para presentarlo expira el 24 de agosto, según Yuste, se hará efectivo a mediados del próximo mes.

El profesor Ángel Garcés aseveró que "no solo se ha vulnerado la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón del 2007, sino que se han quebrantado textos internacionales de la Unesco, de Naciones Unidas y del Consejo de Europa". Añadió que "no toda aberración filológica es una aberración jurídica y, no toda aberración jurídica, es una aberración constitucional, por lo que nos hemos basado en textos jurídicos". Por otro lado, indicó que, la Ley de Lenguas del 2009, era de "mínimos, basada en la tolerancia, daba visibilidad y reconocimiento a las lenguas propias aragonesas frente al desconocimiento oficial que da esta nueva norma".

El profesor de derecho administrativo señaló que "los derechos básicos tienen un principio regulador, que es el de irreversibilidad, por lo que el legislador tiene unas líneas rojas que no le permiten desregularlos y, por tanto, se esta vulnerando el principio de no regresión y el de irreversibilidad". Y agregó que "el castellano esta en la cúspide y tenemos el deber y derecho a utilizarlo, pero en la escala oficial se encuentran por debajo estas lenguas".

Ángel Garcés mencionó que el área geográfica donde se habla cada lengua va a depender de los cambios políticos, tanto en los municipios como en el Gobierno de Aragón, que se decidirán en estas instituciones. También, ha hecho referencia a una "discriminación" a los hablantes de las lenguas minoritarias, ya que se relegan al ámbito privado. El profesor concretó que elaborar la demanda ante un organismo como el TC "no es lo mismo" que un contencioso administrativo sino que tiene que admitirse a trámite y, que hasta dentro de diez o doce años no se haya fallo.