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TRIBUNALES

El Supremo zanjará en marzo el litigio por las fincas de Cerler

La estación y varios vecinos pleitean por unos suelos valorados en 120 millones de . El juez de Boltaña y la Audiencia oscense asignaron al complejo invernal la propiedad

 

E. BAYONA
27/12/2011

La Sala Primera del Tribunal Supremo ya ha puesto fecha para zanjar el millonario litigio en el que desde hace más de cuatro años un grupo de vecinos y la estación de esquí de Cerler litigan por la propiedad de 18,6 hectáreas de monte que en pleno boom del ladrillo llegaron a ser tasadas en 120 millones de euros. Los magistrados han señalado el día 29 de marzo para deliberar sobre el asunto y emitir su fallo.

El pleito, en el Supremo comenzó a tramitar en última instancia en septiembre del año pasado, empezó a principios del 2007, cuando un grupo de vecinos que en los años 60 había cedido unas fincas a Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque --la sociedad que gestiona la estación de Cerler, hoy integrada en el hólding semipúblico Aramón-- demandó a la empresa para reclamarle la devolución de los terrenos al entender que había incumplido su parte del acuerdo.

La demanda fue desestimada por el juez de Boltaña, que resolvió que los suelos pertenecían a la empresa promotora del complejo invernal. Esa resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial de Huesca, cuya sentencia es la que se encuentra ahora en trámite de revisión ante la Sala Civil del Supremo.

Aramón llegó a cerrar un acuerdo de venta de los terrenos con Alto Cerler XXI --una sociedad liderada por las constructoras vascas Cosimet y Ordisa y en la que participaban Lopez Soriano, Ágreda y La Oscense--, que pretendía desarrollar la urbanización aprobada por el Ayuntamiento de Benasque y que estaba dispuesta a pagar 120 millones de euros por los suelos.

Sin embargo, la operación nunca llegó a concretarse. El consistorio benasqués, que mantenía algunas diferencias con Aramón por el desarrollo de un convenio que incluía la ejecución de varios equipamientos para el municipio, acordó, en una sesión celebrada unos días antes de las elecciones municipales de mayo del 2007, inscribir la litigiosidad de las fincas en sus notas del Registro de la Propiedad de Boltaña. Esa anotación frustró una de las mayores operaciones urbanísticas planteadas en Aragón.

 

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