Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha establecido en dos sentencias la obligación de las compañías eléctricas que explotan saltos en el Pirineo de entregar el 25% de la energía que producen al Estado.

Los fallos, que serán recurridos por las afectadas, Acciona y Endesa, dan la razón a las pretensiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que tiempo atrás exigió una indemnización cifrada en 28 millones de euros a Endesa por la explotación de 14 centrales hidroeléctricas en el Pirineo, según informó ayer Heraldo.

Estas compensaciones económicas, de llevarse finalmente a efecto si son confirmadas por los tribunales de justicia, permitirían a la CHE llevar a cabo las obras prometidas a regantes y territorios afectados por embalses. Ello sería posible porque el organismo de cuenca dispondría de una energía que deparará beneficios en su explotación.

De esta forma, posiblemente, se abra el camino a la satisfacción de una demanda que hace décadas que realizan los pueblos del Pirineo oscense, que exigen la reinversión en su territorio de parte de los beneficios obtenidos con la venta de energía eléctrica.

De esta forma, las localidades que han visto inundados sus términos podrán realizar inversiones que permitan asegurar las condiciones de vida de sus habitantes y atraer a nuevos pobladores.

Distinto es el caso de los regantes, que podrían utilizar ese plus de energía en la potenciación del suministro, reduciendo los costes económicos del mismo.

Ahora está pendiente de que el Gobierno estipule un precio para la energía reservada, dado que las compañías eléctricas y la Confederación Hidrográfica del Ebro no llegan a un acuerdo a este respecto.

En este sentido, existe el riesgo además de que, por prescripción de los procedimientos, las eléctricas queden exentas de abonar periodos de explotación efectiva de los embalses, con perjuicio para los beneficiarios.