El debate alrededor del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) debe mantenerse exclusivamente dentro del ámbito político, según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Antonio Embid. El que fuera primer persidente de las Cortes de Aragón explicó en la comisión de estudios que se está celebrando en la cámara que desde le punto de vista jurídico el funcionamiento del tributo «está clarísimo» y pidió que cualquier reforma sirva para hacer pagar más a los que consumen más recursos.
Embid defendió que cuando se puso en marcha el ICA se intentó hacer casar el derecho español con la directiva europea que obligaba a la depuración de las aguas. En su opinión se intentó defender la «autonomía local» y se aplicó «un elemento propio y exclusivo» para dejar al margen hasta la amortización de su depuradora al municipio de Zaragoza. «Afrontaron su construcción, por los motivos que fueran, con fondos propios sin contar con aportes estatales o europeos», evidenció.
De cara a los cambios que se quieren aplicar en el tributo pidió «consenso» al considerar que seráb «legítimos» siempre que se respete el marco constitucional, como ya se afirmó en la sentencia del pasado 12 de octubre. «Dentro de este marco la regulación que se aplique no será ni mejor ni peor que otras que pudieran imaginarse», precisó.
En su intervención ante los grupos les pidió que el próximo modelo tenga en cuenta «algo muy simple» como es propiciar la conservación del medio ambiente. «Los que usen más recursos naturales tienen que pagar más», indicó, atendiendo a la doctrina europea de la recuperación de costes. Además pidió bonificaciones y deducciones para los contribuyentes con menos recursos.
CONTRA EL VERTIDO ILEGAL
Por su parte, la representante del clúster para el uso eficiente del agua Zinnae, Marisa Fernández Soler, insistió en la necesidad de proyectar «depuradoras más eficientes» para los municipios de menor tamaño. También evidenció la necesidad de buscar «nuevas tecnologías para controlar los vertidos ilegales que perjudican a las infraestructura actuales» con el consiguiente coste para los ciudadanos.
Otro elemento que consideró primordial para evitar conflictos en la depuración de las aguas es el de promover medidas de ahorro y modernización. «Por ejemplo, solo con instalar nuevos inodoros una vivienda puede suponer hasta un 30% menos de gasto», precisó Fernández.
En el terreno fiscal insistió en la idea que se baraja en las propuestas políticas para la modificación del ICA que ya se conocen de rebajar el tramo fijo del tributo y establecer bonificaciones en funcion de las rentas de las familias y no por categorías fijas. Y exigió una mejora en la «transparencia» de las facturas.
