La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, del PP, ha asegurado hoy que ninguna empresa de las investigadas por presuntos amaños de tráfico con fines recaudatorios ha tenido "una relación contractual o económica" con el Ayuntamiento, una vez efectuado el registro de documentación por la Policía Nacional.

En declaraciones a los medios tras permanecer toda la mañana en el interior del Ayuntamiento, al tiempo que los agentes hacían el registro, la primera edil, "como representante legal" del consistorio, ha mostrado la "total y absoluta" colaboración de la institución al facilitar a la UDEF y a la Policía Nacional "toda la documentación que ha sido requerida".

A preguntas de los periodistas, ha dicho que los agentes han solicitado información contractual de una serie de empresas que pudieran haber contratado con el Ayuntamiento.

A este respecto, ha señalado que, "con la información que se tiene en estos momentos", dichas empresas no han tenido ninguna relación con el consistorio.

No obstante, ha matizado que ése es un "dato que puede cambiar" por cuanto continúa el trabajo policial con el registro en dependencias de la Policía Local, donde se conservan contratos de obras menores de esta unidad y de Urbanismo.

Preguntada sobre la información acerca de una supuesta orden de detención contra el exintendente jefe de la Policía Local Santiago Hernández, la alcaldesa se ha mostrado "prudente" y ha emplazado a pronunciarse a este respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en su caso la Subdelegación del Gobierno.

En todo caso, ha asegurado que "si alguien en el Ayuntamiento de Teruel ha hecho algo, que lo pague, en el Ayuntamiento o en cualquier parte de España" y "sea funcionario o político", aunque "no es el caso".

Las declaraciones de la regidora, del PP, se han producido después de la Policía Nacional hubiera desalojado el Ayuntamiento de la mayor parte del personal para registrar las dependencias municipales en el marco de la marcrooperacion abierta contra la corrupción en consistorios de varias comunidades autónomas por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.