Las obras para la adaptación del Palacio de Justicia de Teruel como Nueva Oficina Judicial (NOJ) han comenzado hoy con una inversión de 2,6 millones de euros más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses repartidos en dos fases.
Operarios de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Mariano López Navarro y Urbyma han iniciado los trabajos en el interior del Palacio de Justicia de Teruel, después de una serie de labores previas como vallado, señalización o acopios, según explica el Gobierno de Aragón en un comunicado.
Los trabajos comienzan con las labores de limpieza y retirada de todo tipo de instalaciones interiores para, a partir del mes de febrero, iniciar ya las labores de derribo de tabiques para la reorganización interior del inmueble, según las mismas fuentes.
Cuando las obras alcancen un mayor ritmo de actividad la empresa adjudicataria estima que pueden trabajar en ellas alrededor de 30 personas, la mayoría de ellas de empresas turolenses.
De forma paralela a los trabajos se han adjudicado también cuatro contratos de servicios relacionados con las obras para la dirección de obra a Cerouno Arquitectos S.C.P., por 49.200 euros, la dirección de ejecución de obra a Artec SLP, por 31.890 euros, la dirección de obra de instalaciones a Rafael González Barriada, por 19.350 euros, y la seguridad y salud a Inizia, con un importe de 8.499 euros.
Una vez terminada la primera fase de obras, que se estima que durará nueve meses, y desalojada la Casa Blanca como sede provisional, se iniciará la segunda fase, que durará seis meses, y será el personal y servicios de la Audiencia los que pasen a ocupar la propia Casa Blanca.
El importe de la licitación fue de 3.328.952 euros y a la convocatoria presentaron ofertas 12 empresas.
Las obras se financian con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y a la cuantía de la ejecución de la obra hay que añadir el mobiliario y el equipamiento informático.
La nueva remodelación abandona la idea de la oficina tradicional, aporta los criterios propios de la NOJ, dota a los espacios de una mayor flexibilidad y plantea los cambios sobre la base de la unificación absoluta de ambos edificios, según el Ejecutivo.
