Las trabajadoras del servicio de emergencias 112 reclamaron ayer al Gobierno de Aragón que vigile la gestión de la empresa Ferrovial para que se respeten sus condiciones laborales y su conciliación, en especial con la restauración del modelo anterior de tres turnos, frente al actual, de ocho.

El centro de gestión cuenta con 28 trabajadores -de los que el 93% son mujeres- y depende de la consejería de Presidencia, con Vicente Guillén. Desde noviembre del 2016 su gestión fue asumida por Ferrovial, según explicó la operadora Cristina Bernal. «Ofrece el servicio a costa de nuestra salud, con unas condiciones de trabajo durísimas y sin percatarse de las graves consecuencias que ello supone para la plantilla y también para la ciudadanía aragonesa», criticó la empleada.

Arropadas por los diputados Román Sierra, de Podemos, y Patricia Luquin, de Izquierda Unida, las empleadas cuestionaron que la empresa y la DGA no hagan «contabilidad social» en torno al servicio.

Bernal culpó al anterior consejero de Política Territorial, el popular Antonio Suárez, de haber cambiado sus condiciones laborales a través de una orden en marzo del 2015, antes de que expirara la anterior contrata, que es, según ella, cuando comenzaron los problemas. Así, en el 2016, Ferrovial ganó el concurso público después de ofrecer el precio más bajo. Y denunció que la compañía ha alcanzado un beneficio neto de 72 millones de euros en el primer trimestre de este año, cuando a ellas les pide que trabajen «más horas por menos dinero y con «horarios irracionales».

bajas médicas / Como consecuencia de ello, actualmente 6 de las 28 personas que conforman la plantilla están en situación de baja médica, a las que hay que sumar otras 10 que disfrutan de jornadas reducidas por conciliación familiar, que no se suplen por personal sustituto, con lo que las cargas se distribuyen en el resto de los trabajadores a través de hasta ocho turnos rotatorios que se reparten de manera «totalmente aleatoria», según lamentó.

Del mismo modo, alertó de que la empresa utiliza el despido como elemento de presión, ya que una trabajadora fue despedida tras 22 años de servicio y dos eventuales no fueron renovados por negarse a acceder a una rebaja salarial de casi un 40%.

Además, la compañía también pretende que trabajen 15 días más al año por el mismo sueldo (inicialmente planteaba también una rebaja salarial de 75 euros al mes), según la operadora.

denuncia política / Ante esta situación, el colectivo solicitó hablar con todos los grupos políticos. Únicamente respondieron el PAR, IU y Podemos. Y creen que el propio Gobierno de Aragón está ignorando unas peticiones que consideran «razonables».

El diputado Román Sierra reclmó que la DGA introduzca cláusulas sociales en su política de contratación pública, tal y como se comprometió en el decálogo para la investidura, algo en lo que actualmente se está trabajando.

Por su parte, la diputada Patricia Luquin exigió al consejero Vicente Guillén que se reúna directamente con las trabajadoras para resolver un conflicto que hasta ahora está «silenciado» y que podría perjudicar al servicio «si se mantiene la precariedad».