La plataforma de Trabajadoras del Hogar se ha concentrado hoy en Zaragoza para exigir sus derechos y que las mujeres inmigrantes puedan romper el "doble techo" que sufren y que les impide salir de una espiral de abusos y malas condiciones laborales.

Así lo ha denunciado Talita de Fátima Bisco, portavoz de la plataforma, quien tras siete años como empleada del hogar pudo terminar su carrera de Derecho y atender desde una asesoría a mujeres inmigrantes.

"No tenemos derecho a paro, no podemos tener vida propia ni pedir la baja", ha asegurado Bisco, quien también ha incidido en el "chantaje emocional" que sufren por parte de las familias cuando exigen el finiquito a la muerte del dependiente al que han estado cuidando durante años.

Es por lo que las empleadas del hogar piden al Gobierno de España que ratifique el Convenio 189 de la OIT, en vigor desde 2013, que les garantizaría derecho a la prestación por desempleo, a la creación de un fondo de garantía salarial, igualdad de derechos en la Seguridad Social con el resto de personas trabajadoras o inspecciones de trabajo más eficaces que constaten sus condiciones de trabajo.

Según Bisco, la inspección permitiría también aflorar a un elevado número de mujeres que ejercen de empleadas del hogar sin estar dadas de alta, entre ellas muchas inmigrantes sin papeles debido a las "duras" leyes de extranjería que les obligan, ha apuntado, a permanecer tres años irregulares pese a ser productivas.

Bisco ha advertido, no obstante, que estas mujeres no solo sufren violencia laboral sino también "acoso sexual" y ha denunciado que en ocasiones en las entrevistas de trabajo se les llega a ofrecer más dinero si además de la limpieza están dispuestas a "hacer algo más".

Por ello, reclaman una protección efectiva "frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo", pero también frente a los "abusos" de las agencias de colocación e intermediación, el fin de los descuentos "abusivos" en el salario por la manutención y el alojamiento, garantía de condiciones de seguridad y salud y el ejercicio real del derecho a la sindicalización y a un convenio colectivo que regule su trabajo.