La empresa que gestiona el servicio de autobús urbano, Avanza Zaragoza, advirtió ayer al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que, si finalmente le descuenta los 2,5 millones en concepto de abonos gratuitos para la plantilla, le reclamará «el pago de esas cantidades, de los intereses de demora, así como de cualquier perjuicio ocasionado por esta decisión».
La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, anunció este viernes que el Gobierno municipal había aprobado descontar esta cantidad de las certificaciones. Una medida que, según apuntaron desde la empresa, el consistorio ya les había comunicado hace meses. Desde Avanza Zaragoza explicaron que este asunto no es nuevo y que ya estaba judicializado.
«La empresa va defender sus intereses y los de sus empleados para que estos no pierdan este beneficio que ya era conocido y aceptado por el ayuntamiento cuando licitó el contrato en el 2013», matizaron.
No se trata de una situación nueva para ninguna de las dos partes porque el anterior gobierno municipal, con el socialista Juan Alberto Belloch al frente de la alcaldía, ya le reclamó en la pasada legislatura 20,9 millones por estos mismos abonos de los que se benefician los empleados. Entonces correspondían al periodo entre 1982 y el 2013.
Una vez más volverá a ser la Justicia la que decida qué parte de las dos tiene razón ya que tanto el ayuntamiento como la empresa hacen referencia a los pliegos de condiciones para justificar su postura pero con versiones completamente diferentes.
