Jaime Arqué Gibernau, exdirector gerente de Inaer, desvinculó ayer a la empresa de cualquier responsabilidad en el accidente del helicóptero que transportaba a la brigada de Alcorisa, en el que murieron seis personas al estrellarse entre Villel y Villastar en marzo del 2011. Arqué compareció por videoconferencia en la comisión de investigación sobre el accidente que se está desarrollando en las Cortes de Aragón, e indicó que el «error» estuvo en el envío de la pieza que acabó fallando, sin revisar.
Como concluyó en su día la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) de Fomento, lo que provocó la caída del aparato, y la muerte de los bomberos forestales y el piloto, fue el fallo de un servoactuador. Un modelo de pieza sobre la que se había emitido un aviso de revisión porque se habían detectado problemas.
Así, Inaer -de la que formaba parte Helicópteros del Suroeste, empresa de la que Arqué era gerente- sustituyó la pieza original del helicóptero, e instaló la que le enviaron la empresa fabricante, Bell Helicopter, y una subcontrata de esta que les proveía.
«El fabricante tuvo, yo diría, el error de mandar la pieza», explicó en la comisión ante la preguntas de su presidenta, Marta Prades, de Podemos.
SIN POTESTAD
La diputada le interrogó sobre por qué no había un boletín de revisión de la pieza entre la documentación, y Arqué le explicó que «el operador no está autorizado para entrar dentro, para meter mano en un componente».
Ante las preguntas del resto de grupos, Arqué indicó que él no llegó a saber si se habían ejercido acciones legales contra Bell por parte de Inaer, ya que abandonó la empresa antes de que se completase la investigación de Fomento y la judicial, que acabó cerrada por un error formal. Pero creía que no se llegó a hacer nada en este sentido porque el seguro pagó las indemnizaciones pertinentes.
La comparecencia del exdirector gerente de Inaer fue la segunda celebrada en la comisión tras las de los abogados de las víctimas, Sagrario Valero y José Vicente Gracia.
Las Cortes aprobaron por unanimidad la creación de este órgano de investigación después de que la vía judicial penal terminase. Esta se abrió cuando se descubrió que existía un aviso previo sobre la pieza que falló, lo que suponía un indicio de posible negligencia. Pero en uno de los trámites judiciales, a juicio de las familias, se cometió un error por el que se archivó el caso sin que nadie lo hubiese pedido. Y ni los recursos lograron reabrirla.
