El consejo de administración de Plaza acordó ayer por unanimidad personarse como acusación particular en las diligencias en las que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Alfonso Tello, investiga el presunto amaño de los concursos por los que la empresa pública adjudicó a la UTE liderada por Acciona las contratas del apartadero ferroviario y del movimiento de tierras de la zona de reserva para futuros crecimientos, valorados en más de quince millones. La Fiscalía de Zaragoza llevó al juzgado esos expedientes después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades en ellos. Un empleado de Acciona, Francho Mayayo, entregó correos electrónicos que, según sostiene, apuntan a que un jefe de su empresa habló de esas obras con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril antes de que fueran adjudicadas.
