El titular del juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, tomó declaración ayer al último de los implicados en la operación Minas, la presunta trama de corrupción en torno a permisos de corrupción en el Servicio Provincial de Industria, que salió a la luz pública en el 2011. El empresario que declaró ayer contrató al hijo del exdirector provincial de Industria de la DGA Francisco Javier Hualde, pero aseguró que no lo hizo a cambio de ninguna facilidad en sus licencias --todas pasaron por el juzgado, insistió--, sino por méritos del joven.

Sus declaraciones fueron acorde a las de Hualde, al que la investigación policial atribuía delitos de prevaricación y cohecho por acelerar tramitaciones en expedientes a cambio de prebendas, como la contratación de su hijo y su nuera o la entrada en el accionariado de su mujer, en empresas del sector minero.

Ni la familia, ni los empresarios ni los funcionarios han admitido a lo largo de sus comparecencias ninguna irregularidad, más allá de cierta prisa en los trámites. Esta vendría motivada por la necesidad de construir las carreteras y la escasa entidad de las actuaciones. Según Hualde, estas retiradas de escombro no necesitaban que Medio Ambiente las supervisara.

El letrado de la DGA intentó volver a ampliar la querella contra el exjefe de Ordenación Minera Joaquín Lahoz, al que imputa un delito de falsedad, pero el juez no lo permitió. El magistrado deberá decidir si archiva la causa o esta llega a juicio, y de ser así, con cuántos de los 15 interrogados en el banquillo.