Aún tardará ocho meses en entrar en vigor. Y eso si logra las mayorías parlamentarias suficientes. Pero la reforma del impuesto de Sucesiones se mantiene como uno de los debates más persistentes de la legislatura con opiniones en ocasiones muy polarizadas. De hecho, el presidente de la CEOE en Aragón, Fernando Callizo, consideró ayer que el pacto que han puesto sobre la mesa el PSOE y Ciudadanos es «insuficiente» y lamentó la tardanza en su reforma.
El dirigente empresarial, durante la clausura de su asamblea anual, en la que también estuvo presente el líder estatal de Cepyme, Antonio Garamendi, instó a la clase política a trabajar en una bajada fiscal al considerar que todo lo que suponga reducir bases impositivas «favorece la actividad económica y por tanto la recaudación».
Sobre la vía lenta aprobada para su trámite parlamentario señaló que es una cuestión que forma parte del «juego político» de los partidos. «Ellos sabrán», zanjó, sin señalar en concreto a ninguna formación. Pero eso sí, defendió una mayor rapidez en la acción de la DGA a la hora de aplicar sus reformas. «En las empresas solemos actuar con más agilidad que las administraciones», ironizó.
Respecto al actual clima impositivo en la comunidad, el dirigente empresarial se mostró relativamente tolerante. «Los empresarios queremos pagar impuestos», remarcó, pero al mimos tiempo evidenció que «cuando se salva algún escollo fiscal en Aragón surgen otros» como la decisión del Ministerio de Hacienda de elevar el impuesto de hidrocarburos.
Callizo, que garantizó que en el proceso de negociación no van a poner «palos en las ruedas», pidió igualmente que se trabaje en una mejora del sistema de financiación autonómica, al considerar que en términos generales la economía aragonesa se encuentra infradotada.
