Las empresas públicas o participadas por el Gobierno aragonés han experimentado un auténtico boom desde que hace cinco años PSOE y PAR gobiernan la comunidad autónoma. En ente periodo de tiempo, las sociedades públicas no sólo han crecido en número, sino que también han multiplicado casi por 20 su presupuesto y, por tanto, en la misma medida han incrementado su poder.

Un ejemplo: en el presupuesto del 2000, el primero que fue aprobado por la coalición PSOE-PAR, había un total de trece empresas públicas, cuyo volumen de gasto en ese ejercicio era de 22,7 millones de euros. El Ejecutivo aragonés ha aprobado recientemente el proyecto de ley de presupuestos para el 2005 en el que el listado de sociedades asciende ya a 17. Y su gasto global adquiere niveles desorbitados, puesto que es de 426 millones de euros.

La Plataforma Logística de Zaragoza y Suelo y Vivienda de Aragón, con 198 millones y 120 millones de euros, respectivamente, son las dos empresas estrella del actual Gobierno y las que más dinero controlarán en el próximo ejercicio. A esta suma multimillonaria, se añaden los 132 millones de euros presupuestados en las entidades de derecho público y los 12 millones en fundaciones y consorcios participados por el Gobierno regional.

Los departamentos de Economía, Obras Públicas, Agricultura, Educación y Medio Ambiente cuentan ya con sociedades públicas.

Pero, ¿por qué estas empresas han proliferado de esta forma en los presupuestos autonómicos desde 1999? Existen dos versiones. La oposición acusa al Gobierno aragonés de acudir con excesiva frecuencia a este tipo de sociedades con la única finalidad de eludir el control parlamentario, puesto que, advierte, las cuentas de estos entes pecan de excesiva opacidad. Lo volvió a denunciar el jueves pasado el diputado de CHA, Chesús Yuste, en la Comisión de Economía de las Cortes, a donde compareció el consejero Eduardo Bandrés para explicar los grandes ejes del presupuesto del próximo año. "Sólo pretenden escapar al control parlamentario y repartirse la tarta".

La réplica del titular de Economía a esas acusaciones fue tajante: "No existe ninguna intención de escapar al control parlamentario y mucho menos de repartirse la tarta". Bandrés fue aún más lejos al advertir que el macroproyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza "no hubiera sido posible" sin la constitución de una empresa pública. Este es el motivo principal esgrimido por el Gobierno aragonés para apuntarse a la moda de las empresas públicas: su agilidad y eficacia, mucho mayor que la de la pesada maquinaria de la Administración en la que grandes proyectos se eternizan en el tiempo hasta encontrar una vía de solución.

Lo cierto es que las empresas públicas, cuyo funcionamiento está regulado en el artículo séptimo de la Ley de Hacienda de la Comunidad, se han revelado como un mecanismo contable eficaz a la hora de eludir las rigideces impuestas por el anterior Gobierno del PP con el déficit cero. La fórmula contable usada hasta ahora por el Ejecutivo aragonés y por los Gobiernos de las restantes autonomías es en apariencia simple: los gastos y los ingresos se cuadran en un presupuesto de déficit cero, mientras que el grueso de la inversión se desvía hacia las empresas públicas porque esa deuda no computa en la cuenta de resultados de la comunidad autónoma. Sin embargo, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya ha advertido a las autonomías que en un futuro próximo deberían contabilizar también la deuda de sus empresas para evitar que siga creciendo la bola del endeudamiento.