La reforma de la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida que el Gobierno de Aragón impulsa mediante el proyecto de la Ley de Acompañamiento obligará a las "empresas suministradoras de servicios" --las compañías de electricidad, agua y gas, entre otras-- a facilitar a a¡la Inspección de Vivienda "la información que esta precise sobre los consumos que presentan las viviendas protegidas con la ubicación que se especifique en la petición".

La modificación de la normativa contempla como una "obstrucción de la actividad de la Inspección" la "negativa a remitir la información acerca de los consumos de la vivienda", lo que conllevará la apertura de un expediente que puede terminar con una sanción.

El estudio de los consumos de las viviendas ya está siendo utilizado por la Agencia Tributaria para investigar posibles fraudes, por ejemplo, en la desgravación por adquisición de vivienda habitual. El gasto en electricidad, gas y agua permite deducir si la casa está efectivamente ocupada o si se trata de una segunda vivienda sin uso o que únicamente es utilizada durante algunas temporadas.

AUTORIDAD La reforma de esta normativa mantiene la catalogación de los inspectores de vivienda como "agentes de la autoridad".

Esa configuración jurídica obliga tanto a los ciudadanos como a las empresas a cumplir sus requerimientos ante el riesgo de llegar a incurrir en un delito de desobediencia.

La legislación aragonesa sobre vivienda protegida habilita a los inspectores para solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y de los cuerpos de Policía Local para que les apoyen en el desarrollo de sus funciones.

Con todo, deben solicitar una autorización judicial para poder entrar en un domicilio en el caso de que su ocupante les niegue el acceso.

En el caso de requerir el permiso de un juzgado para acceder a una vivienda, deben remitirle posteriormente una copia del acta que levanten.

"Los titulares, representantes legales o encargados de las fincas, construcciones y demás lugares sujetos" a la actividad de los inspectores están obligados a facilitarles "el examen de las dependencias y el análisis de cualquier documento relativo" a sus funciones.