El director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha dicho hoy que no han presentado aún la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León), y Andorra (Teruel) porque quieren presentar de manera simultánea los planes de acompañamiento.

Casas, que ha participado hoy en una mesa sobre "Ley de Cambio Climático y Transición Energética" dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), ha señalado que Endesa está analizando toda la situación de las zonas donde se van a producir los cierres.

Ha explicado que a Endesa le corresponde garantizar el empleo del personal propio a través de reubicaciones en otras plantas del grupo o trabajando en el desmantelamiento de las centrales, unos trabajos que durarán entre cuatro y seis años.

Los trabajadores directos de Endesa en la central de Andorra son 153 y en Compostilla 160, ha indicado Casas, que ha añadido que para los empleados con mayor edad se podría pactar un plan de salidas no traumáticas.

En cuanto al personal auxiliar, que no depende directamente de Endesa, ha dicho que se les quiere hacer partícipes del plan de desmantelamiento, que obligará a ampliar en entre 130 y 140 personas el personal para dedicarlo a estas tareas, con puntas de hasta 200 personas en las fases álgidas de las labores de desmantelamiento.

Respecto a las alternativas de actividad para esas zonas, Casas ha indicado que podrían ser energías renovables, si existe recurso renovable en esas zonas, y si no, la compañía está pensando y trabajando en otras actividades alternativas, que dará a conocer cuando se presente formalmente la solicitud de los cierres.

Por otra parte, ha señalado que, en cuanto a las centrales que utilizan carbón importado, en el caso de Endesa la de Litoral, en Almería, y la de As Pontes, en La Coruña, éstas son necesarias para permitir la seguridad del suministro.

Ha indicado que debería mantenerse una "generación térmica posgarantía" en 2020, "tanto convencional como nuclear", y ha destacado la importancia de que exista un sistema de mecanismos de pagos por capacidad para mantener una garantía de respaldo mientras se desarrollan sistemas de almacenamiento de energía.

En el caso de la energía nuclear, ha recordado que Endesa plantea la operación de sus plantas a largo plazo y le gustaría que se extendiera su vida útil más allá de los 40 años.

En su opinión, la energía nuclear debería mantenerse o incrementarse, siempre que se den las suficientes garantías de seguridad de estas instalaciones, porque no genera emisiones, sino que, por el contrario, ayuda a solucionar ese problema y ha manifestado que "el objetivo último de reducción de emisiones debería estar por encima del cierre de la energía nuclear".

Por otra parte, ha apostado por una reforma fiscal medioambiental que no penalice el consumo de electricidad, a fin de que los costes no sean una barrera para aquellos que quieren electrificar sus casas o comercios.

Ha recordado que en la actualidad los consumidores eléctricos asumen al 100 % el coste de la instalación de renovables y considera que eso debe también cambiarse en la reforma fiscal medioambiental.

También se ha referido al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y a la polémica que ha suscitado que se exija a las estaciones de servicio tener puntos de recarga eléctricos, y ha recordado que las gasolineras son una distribución de servicio público, con lo que tendrían que asumir, al igual que los distribuidores de energía eléctrica, obligaciones de servicio público.