Las entidades que interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la puesta en marcha de un "outlet" en las antiguas instalaciones de Pikolín en Zaragoza han denunciado el retraso en la resolución del mismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), donde lleva visto para sentencia desde enero de 2018.
"La justicia si es lenta no es justicia", ha aseverado este jueves en rueda de prensa el representante de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza Juan Carlos Crespo, quien también ha recordado que Zaragoza es la ciudad española con más metros de grandes superficies comerciales por habitante.
Además de la FABZ, organizaciones ecologistas, asociaciones de comerciantes, sindicatos como CC.OO y UGT y algunas formaciones políticas, como Izquierda Unida, Podemos y Zaragoza en Común (ZeC) también se sumaron a este recurso, que el TSJA admitió a trámite en enero de 2017.
La secretaria de Acción Sindical de CCOO Aragón, Carmen López, ha acusado al Inaem y a Torre Village, que anunciaron un proceso de selección para la contratación de 800 personas al poco de que se admitiera a trámite el recurso, de "jugar con la esperanza de miles de trabajadores cuando existe una absoluta incertidumbre jurídica".
López también ha asegurado que la puesta en marcha de un nuevo centro comercial supondrá la destrucción de numerosos puestos de trabajo en el pequeño comercio.
Además del retraso en la sentencia y las afecciones al comercio local, las diferentes entidades también han censurado que las obras comenzaron sin la licencia urbanística necesaria, y critican que la licencia que finalmente obtuvieron sea de uso "genérico" y no especifique el fin de la obra.
El representante de la FABZ también ha afirmado que el plan especial que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en octubre de 2016 para la puesta en funcionamiento del centro comercial incumple el Plan General de Ordenación Urbana por dar uso de comercio detallista a zonas que eran industriales.
Por su parte, el abogado y miembro de ZeC, Francisco Polo, ha reprochado la actitud del Gobierno de Aragón, que declaró el proyecto de interés autonómico, y le ha instado a fijarse en sus compañeros de la Comunidad Valenciana, que rechazaron en 2016 la construcción de un gran centro comercial.
El "gran impacto ecológico" y el riesgo de colapso de la carretera de Logroño, donde se situará la gran superficie, han sido los otros aspectos que han denunciado las diferentes entidades.
