La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca pospuso ayer para un debate posterior la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el cierre del matadero municipal, pese a que el Gobierno municipal socialista ya tiene claro que no desea continuar con esta acción y al parecer asume definitivamente la decisión de la DGA de mantener la instalación cerrada por su falta de condiciones de salubridad.

La decisión final quedó aplazada en la reunión extraordinaria que la comisión celebró ayer, en la que CHA y PP se mostraron partidarios de continuar adelante con el contencioso administrativo, mientras que el PAR, pese a decantarse en un primer momento por no presentar el contencioso, apostó finalmente por estudiar el asunto con mas tiempo.

"FIN OSCURO" Pedro Pérez (CHA) manifestó a Efe que "no se puede aceptar la resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón" sobre el matadero, al tiempo que recordó que el ayuntamiento "ha incumplido un acuerdo de pleno adoptado por unanimidad en el que se apostaba por invertir económicamente en la mejora urgente de la instalación".

A su juicio, el resultado de la comisión de ayer es un acuerdo "predeterminado" encaminado a lograr "no se sabe qué fin oscuro de cara a conseguir los objetivos previstos". Muchos miembros de la oposición y otros sectores de Jaca están convencidos de que el alcalde Enrique Villarroya y su equipo "ha dejado morir el matadero" para aprovechar el edificio para "usos turísticos".

Pérez, que insistió en que "nunca ha existido riesgo para la salud de los consumidores", indicó que ahora el consistorio tiene un plazo de dos meses para poder recurrir la resolución de Sanidad dada a conocer el lunes, que desestima el recurso presentado por el ayuntamiento contra el cierre del matadero.

En el escrito firmado por la consejera Noeno se indica que las 44 deficiencias que motivaron la decisión inicial del cierre no se han subsanado y que, por encima del perjuicio que la clausura de esta instalación suponga para la economía pecuaria de la zona, hay que estimar el peligro para la salud de la ciudadanía.

La consejera hace hincapié en que se trata de deficiencias que tienen que ver con la limpieza, el orden y la estructura del edificio, y que no se ha actuado para darles solución.