La formación política Equo ha reclamado hoy de las administraciones públicas "voluntad política" y no "parches" puntuales para resolver el problema medioambiental y de salud pública derivado de la contaminación del río Gállego con lindano.
Así lo ha asegurado hoy a Efe uno de los portavoces nacionales de esta formación, Juan López Uralde, quien se ha desplazado hoy a Huesca para explicar la posición de su partido respecto a la situación del Gállego y reunirse con alcaldes de poblaciones afectadas por la presencia de lindano en sus servicios de suministro.
A juicio de López Uralde, "no ha habido voluntad política de resolver el problema" desde que la planta industrial de Inquinosa en Sabiñánigo, productora del pesticida, cerró sus puertas, "y la sigue sin haber".
Ha destacado a este respecto que las administraciones no sólo no han puesto recursos económicos a lo largo de los últimos años para abordar un plan de limpieza y descontaminación del río sino que no han puesto los medios necesarios para conseguir la ejecución de la sentencia condenatoria contra Inquinosa como responsable de la situación generada.
López Uralde ha advertido que los residuos de lindano son altamente tóxicos y no se degradan en el medio ambiente, por lo que la persistencia del riesgo para el entorno natural y las personas es muy duradera.
A su juicio es necesario abordar con urgencia un plan que permita identificar los puntos donde fueron vertidos los residuos para tratar de aislarlos, y realizar mediciones de contaminación "prácticamente permanentes" para comprobar diariamente la evolución del lindano en el río.
Además, ha añadido, habría que abordar en una segunda fase un plan de limpieza que exige coordinación entre todas las administraciones y medios económicos para llevarlo a cabo.
El portavoz nacional de Equo ha responsabilizado a las administraciones de "pasividad" por no hacer frente en más de treinta años al problema originado por Inquinosa y de actuar "a remolque de los acontecimientos, de los escándalos y de la presión social".
Ha subrayado que "las administraciones públicas deben de comprender que su pasividad ante problemas medioambientales como éste tiene consecuencias graves".
