El ERTE que ha presentado el grupo Aramón para reducir su plantilla en un 50% afectará a la totalidad de sus empleados y no solo al personal fijo, según explicó ayer el sindicato CGT. La organización presentó una alegación a la propuesta inicial al entender que la medida suponía «una clara discriminación» con respecto a los trabajadores fijos discontinuos y eventuales «que veían finalizada su temporada un mes antes de lo previsto y eran puestos literalmente en la calle».

La entidad detalla que el grupo Aramon -participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja- presentó el 25 de abril un ERTE por causas de fuerza mayor en las empresas que gestionan las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa, Cerler , Jabalambre y Valdelinares y Aramon para el personal fijo de todo el año, que supone una pequeña parte de su plantilla, con el argumento del obligado cierre de las Estaciones de esquí por la crisis del coronavirus. Esto dejaba fuera de los beneficios a unos 600 trabajadores temporales, que veían como la temporada se cerraba antes de Semana Santa.

Tras varias denuncias ante los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, finalmente estos empleados verán reconocida su vinculación laboral. «Se intentó el diálogo, pero fue necesario hablar de acudir a los tribunales para poder sentarnos a negociar», expresa una de las portavoces de los empleados, Gema Ojer. Desde Aramón aseguran que se han tratado de adaptar las condiciones a lo cambiante de la normativa, de forma que finalmente tendrán carácter retroactivo al momento de la finalización anticipada de la temporada de esquí.

Desde CGT han considerado que los derechos de los trabajadores «no pueden ser despreciados por razón del tipo de contrato que tengan, y mucho menos en estas circunstancias de crisis del covid-19 que los hace todavía más vulnerables». Así, explican que muchas de estas personas ven «con incertidumbre» su futuro laboral próximo en el sector de la hostelería y deportes de aventura en el que trabajan el resto del año. Además señalan que existe «el riesgo real que este comportamiento puede ser emulado» por otras empresas que siguiendo «el mal ejemplo no han dado la opción a sus empleados de acogerse a las ayudas del Estado».