La operación Ayote, desarrollada por la Guardia Civil en La Rioja y en Huesca, no ha pasado desapercibida socialmente. Que una trama organizada actúe esclavizando a mujeres para cuidar a personas enfermas o dependientes es «el colmo de la crueldad», según cuenta a este diario Gustavo García, coordinador de Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Durante muchos años fue el director del albergue de Zaragoza y recuerda tener contacto con víctimas de trata. «No hay palabras ante la explotación. Se aprovechan de gente que está en una situación de exclusión social y les prometen algo mejor para luego engañarlos. He conocido personas a las que les han hundido la vida», añade García. «Lo peor de todo es el daño moral y el sufrimiento emocional, porque la trata es un pozo de humillación», señala.
La trama desarticulada por la Guardia Civil traía a mujeres a España desde Nicaragüa y, una vez aquí, las coaccionaba y obligaba a trabajar en unas condiciones que distaban mucho de las explicadas. Y, lo peor de todo, con el engaño de un trabajo digno y bien remunerado. «¿Cómo volverán esas víctimas ahora a su país? Después de venir con toda la ilusión, se dan cuenta de que han sido esclavas», dice. El aragonés propone que «además de caer todas las de la ley sobre ese grupo criminal, el dinero que han sacado a costa de personas libres tendría que ir para resarcir a las víctimas», señala.
Por otro lado, García aventura que ante el «problema serio» del envejecimiento, el sector de los servicios sociales debe reorientarse. «Hacen falta trabajadores, se debe profesionalizar el cuidado de las personas mayores y que no quede en manos de cualquiera. Y para ellos hace falta también una buena remuneración», reitera.
Huesca es una de las provincias donde «más dificultades» existen para encontrar cuidadores profesionales. «Es algo que me consta, porque mantengo contacto con gente del sector. Entonces no es casualidad que haya pasado esto», dice García, que también reclama «más recursos públicos» para evitar este «mercado ilegal» donde «todo el mundo se presta a todo y se ataca a las personas más vulnerables», reitera.
Santiago Cosculluela, presidente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), calificó de «vergonzoso» lo desarrollado por los miembros del grupo, que actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada. «Las personas que viven solas o cuyos familiares no pueden hacerse cargo de ellos son carne de cañón. Es preocupante la situación como colectivo y como sociedad», dice.
Cosculluela pide «un mejor uso» de los recursos sociales que ofrece la Administración como la ayuda a domicilio o los centros de día. «Es responsabilidad de todos y cada vez hay personas más envejecidas y solas. En cuanto se les da un poco de cariño, lo aceptan y se genera una forma de trabajo que dista mucho de las residencias o centros de día», añade.
