El recurso interpuesto en el TSJA que amenaza con levantar los confinamientos perimetrales de la comunidad y las provincias tienen tras de sí diez ciudadanos de a pie que prefieren mantener el anonimato y que aseguran estar movidos «por una cuestión de principios e ideológicos» pese a que no pertenecen, remarcan, a ningún partido político ni a ninguno de los sectores afectados por el resto de restricciones. Son personas que, directamente, cuestionan la letalidad del virus, la efectividad de las medidas y las decisiones de todo un Gobierno autonómico, el de la comunidad donde viven, que consideran «ilegales» y que, sobre todo, «vulneran los derechos de todos» al impedir la libre circulación en estos momentos en los que, solo en el último mes, el virus ha contagiado a 15.000 aragoneses y ha acabado con casi 550 personas. Negacionismo de manual que diría mucha gente.

Este diario ha querido conocer quienes son, qué motivaciones individuales tienen, por qué dar este paso ahora y si han conocido los efectos de coronavirus de cerca. Y ayer consiguió hablar con dos de esos diez ciudadanos anónimos. J. A. R. F. es un panadero de 29 años con un obrador y tienda en Zaragoza. Daniel es licenciado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y trabaja en el departamento de Logística de una empresa de la capital. Y coinciden en la apreciación de que su finalidad es puramente ideológica, están convencidos de que el confinamiento es «ilegal» y que, pese a que desde marzo la población ha estado confinada, en diferentes momentos y con distintos niveles de limitación de movimientos, ahora es el momento porque «cuesta mucho dar con gente que piensa como tú y organizarse». Y en que su meta no es para un beneficio propio sino «para la sociedad en su conjunto».

«No doy el paso porque quisiera ir a recoger setas, al Pirineo o irme a la playa», advierte el panadero, que recita los artículos de la Constitución que se vulneran con decisiones como las del decreto de la DGA de noviembre a la vez que reconocen que no han tenido muchos casos de enfermos de covid cercanos (los padres de dos amigos, dice J. A, y «algunos compañeros han dado postivo en el trabajo», apunta Daniel), pero ambos coinciden en cuestionar las cifras porque «se sabe que han muerto con coronavirus pero no por coronavirus». Si esa reflexión, además, se combina con otras del tipo de las «víctimas que tiene la gripe y no se hace nada» o «las muertes que también causa el cáncer o las enfermedades cardiovasculares cada año y aún no hay solución», es fácil entender por qué es tan importante lo de levantar los confinamientos. «No sé si nos iría mejor o peor sin ellos, solo sé que lo que se está haciendo es ilegal», comenta Daniel.

Ambos se conocieron en un grupo de Telegram en el que llegaron a estar «90 personas» pero solo diez dieron el paso de ir a los tribunales. «Hay más de un millón de aragoneses y tiene que ser un panadero el que defienda los derechos fundamentales de todos. Es dantesco. La gente está más preocupada por ver Netflix o ir de bares», lamenta J. A. «No debería sorprender que diez ciudadanos defiendan esto en los tribunales, sino que no se escuche a ningún catedrático o experto decir lo mismo». Y los que sí hablan pero para decir lo contrario son «supuestos expertos» que apoyan al Gobierno. Esta es la cara del recurso.