El inicio de la tramitación de la ley de la eutanasia en el Congreso de los Diputados ha abierto el debate. Y como todo escenario que se presta a las opiniones y a las deliberaciones las versiones que surgen son distantes entre sí. Mientras familiares de pacientes o colectivos como la Asociación Derecho a Morir Dignamente celebran el primer paso parlamentario de la norma, el sector médico aduce al punto de vista profesional para argumentar que «los pasos dados» no han sido los correctos.

Varios sanitarios de Aragón consideran que la ley no tiene fundamento si antes no se garantiza una buena atención al final de la vida con unos recursos que aseguren los cuidados paliativos. «La opinión unánime es que en este momento no era absolutamente necesario este planteamiento y es un debate muy pobre», señala Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

«Llevamos desde el 2000 reclamando una ley de cuidados y es una cosa muy básica, pero la hemos dejado de lado. Las infraestructuras están poco establecidas y también los recursos como para lanzarse de primeras a por una ley», añade Ferrer, que insiste en que los médicos ya disponen de un código deontológico «que especifica las actuaciones a llevar a cabo en cada momento» y que se actualiza constantemente».

Por su parte, Rogelio Altiset, presidente del Comité de Bioética de Aragón y médico de familia en el centro de salud Actur Sur de Zaragoza, considera desde su punto de vista profesional «un error social» abordar una ley de eutanasia sin antes tener la de cuidados paliativos.

Años sin consenso

«No han sido capaces de ponerse de acuerdo en 15 años para hacer una norma de consenso y ahora nos encontramos de repente con esto. Lo que hay que resolver antes son las insuficiencias del sistema sanitario en la atención a los enfermos en fase terminal», dice Altiset, que también es profesor en la Facultad de Medicina.

«Claro que debe haber un derecho a decidir si se quiere morir en casa, pero siempre que haya suficiente calidad asistencial. Lo último que se le puede desear a una persona en su fase final de la vida es tener que ir a Urgencias y eso pasa porque no hay unidades de cuidados paliativos», insiste este médico. «Socialmente hay un debate equivocado y esto es un error de estrategia de política social», añade Altiset.

Ferrer, por su parte, considera que se ha lanzado una polémica a la opinión pública «sin marcar y difundir los conocimientos propios de los médicos» y reitera el código deontológico. «Ante estas situaciones por encima de todo está garantizar el bienestar del paciente, pero no solo en los cuidados paliativos o en la atención especial, sino que también nos ocupamos del entorno familiar», asevera la presidenta del colegio de médicos.

A este debate abierto y al que se le presupone duradero se le añade la «nula» formación que se ofrece en las facultades sobre cuidados paliativos o tratamientos del dolor y sedación. «En España no hay una titulación específica y no se pide una especialidad, sino un área de capacitación a la que poder acceder desde las especialidades de médica de familia, intensiva o generalista», dice Altiset.

Él mismo reconoce que intenta fomentar entre sus alumnos «la vocación por la medicina paliativa», que es la que profesionalmente más le ha llenado. «Estar al lado del paciente y acompañarle en sus últimos momentos, junto a su familia, me ha dejado una huella especial», asegura el profesor.

Volviendo a la ley, Altiset explica que países «con una trayectoria sanitaria importante» como Reino Unido, Francia o Italia no tienen aprobada la eutanasia y eso «debería hacernos reflexionar».

En este sentido, Concha Ferrer considera que este tema «no preocupa tanto como parece» a la sociedad y alude así al documento de voluntades anticipadas. «En Aragón explícitamente solo 400 personas de más de 10.200 han expresado su deseo a la eutanasia. Creo que todo se está sacando de contexto», reseña.