Luis Mozota es uno de los 1.200 funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia en Aragón. Él, como tantos otros que ayer secundaron la huelga, ha perdido la esperanza de conseguir que los políticos escuchen sus reclamaciones. Explica, a la vez que critica que el PSOE enmendó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que si el Senado saca adelante la reforma de dicha norma «desaparece el actual catálogo de centros de destino y, por tanto, nos pueden mover forzosamente de un juzgado a otro de forma indiscriminada». Mozota destaca que no es una cuestión de comodidades, sino de servicio al ciudadano y de especialización.
«Yo llevo 30 años trabajando en un juzgado civil, por lo que si mañana me llevan a reforzar una cuestión de penal, lo haré de la mejor forma que sé, pero la productividad no será la misma porque no es mi ordenamiento habitual y las cosas son muy diferentes», destaca. Un cambio que en opinión de Mozota «es un recorte encubierto» de la Administración, puesto que «no se va a poder contratar a interinos para reforzar un juzgado». «En Teruel la tasa de interinidad está en un 46%, ahora imagina que todos ellos cogen una baja laboral, muchos juzgados no podrían atender a la ciudadanía», lamenta. Aunque las movilizaciones son por este asunto, Mozota no quiere dejar de lado otras reivindicaciones, en este caso, con la DGA a la que critica su «talante poco obrero a la hora de negociar con los trabajadores».
