U no de los temas que especialmente se debatió fue el problema que planteaba la industria del cerdo, para la que propusimos los grupos ecologistas una moratoria en su expansión y una regulación que tuviera en cuenta las repercusiones ambientales y sociales. El consejero pareció ser sensible a nuestras opiniones sobre la contaminación de los purines y la desigual distribución de los beneficios producidos entre integradores y ganaderos. En estas buenas intenciones acabó la participación.
Por contra, lo que hemos vivido en estos cuatro años es una expansión exponencial del cerdo en Aragón. Los datos así lo atestiguan. Se crían más de 16 millones de cerdos al año con el deseo de acercarnos a los 20 millones en este 2020, con 600 millones de renta y con aumentos de 6.000 cerdos a la semana. Para regular toda esta actividad, cuatro años después de las reuniones mantenidas con Olona y una vez que toda la tramoya estaba montada, !en marzo del 2019! se publica el decreto sobre purines. De moratorias nunca se quiso saber nada.
Pero, ¿qué afecciones ambientales y sociales genera esta expansión? ¿Es sostenible este modelo? Repasemos someramente estas afecciones.
Afecciones ambientales
Hay un alto consumo de agua. Por término medio, un cerdo necesita diariamente unos 15 litros para limpieza y mantenimiento. Su consumo en Aragón equivale al de 880.000 personas (2/3 de la población aragonesa). Pero mientras que las aguas residuales urbanas se tratan en cientos de depuradoras, las de los cerdos, los purines, se utilizan para abono en campos agrícolas por lo que un uso indebido puede originar la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.
En Aragón se producen 173 hm³ de purines anuales que llevan asociados 73.000 toneladas de nitrógeno, suficientes para abonar las más del millón de hectáreas de cultivo que hay en Aragón. No se entiende que se sigan comprando abonos nitrogenados para cerca del 50% de las tierras de cultivo. ¿Dónde van los sobrantes?
En muchas ocasiones, no hay suficientes campos agrícolas próximos para ese abonado, en especial donde se da una gran concentración de granjas de porcino. Aspecto que se ve agravado, porque las empresas de hasta 2.500 cerdos están desapareciendo y aumentando las macrogranjas de más de 8.000 plazas, que debido a la automatización, las puede gestionar una sola persona, sin generar apenas puestos de trabajo. Se ha roto la economía circular que se daba anteriormente, en donde pequeñas granjas, abonaban los terrenos de cultivo próximos. El decreto de purines establece qué centro receptor centraliza la recogida de purines de un territorio. Es necesario una inspección y control exhaustivo que asegure que se cumple con la normativa de reparto y se evite la contaminación de ríos y aguas subterráneas. Sin embargo, para pequeñas granjas, son los ayuntamientos, muchos de ellos de pequeñas poblaciones y con escasos recursos, los que controlan las autorizaciones ambientales integradas.
La historia de la nitrificación de nuestros ríos, con el abonado químico de la agricultura, empezó en los años 70. En los 90 comenzó a medirse en las aguas subterráneas. Hoy el 35% de estas últimas tienen exceso de nitratos. El río Alcanadre en su desembocadura tiene 45 mg/l cuando el límite es 50. Si a esto se añade la acción futura de los purines, la situación de nuestros ríos puede llegar a un desastre ambiental de graves consecuencias. Ya hay sectores, que están alertando de crear una situación próxima a la del Mar Menor.
Otro factor de preocupación es la presencia de restos de antibióticos en las aguas. Los purines llevan restos de medicamentos que forman parte de la composición alimenticia que se suministra a los cerdos. Según estudios de la Universidad de Zaragoza, de trece ríos estudiados, solo uno de ellos, el Aragón, que corresponde a una zona donde se defiende la ganadería extensiva, está libre de trazas de antibióticos. Se puede señalar que las trazas son insignificantes, pero estaría bien seguir los pasos de la CRIA de Cataluña donde se hacen ya estudios de la permeabilización de los suelos a los diferentes tipos de antibióticos.
Otro gravísimo problema son los efectos sobre el cambio climático. En Aragón, más del 15% de los gases de efecto invernadero los produce la industria del porcino y si no hay una buena gestión en las balsas de recogida del purín, provoca la producción de metano, que es 22 veces más efectivo que el CO2 en la producción de gases de efecto invernadero y que además de perjudicar a la salud, al ser irritante, acidifica los suelos. La contabilidad de estos gases se ve acrecentada por el traslado de cereales a grandes distancias para la producción de piensos para el ganado.
Por un lado, las integradoras traen los cereales, principalmente de América y lo suministran con pingües beneficios para ellas, a los ganaderos. España importa 35 millones de toneladas de cereales al año, un tercio de lo que importa Europa. Una buena parte sirve para producir piensos para cerdos. Por otro, el 90% de la producción agrícola del Valle del Ebro es fundamentalmente alfalfa y en menor medida, maíz. Su finalidad es exportarla para producir piensos en China y los Emiratos Árabes. Y por último, está la producción de gases de efecto invernadero por el traslado de cerdos a los grandes mataderos, ya que más del 50% de la carne se exporta a países europeos así como a China, Corea y Japón .
No es esta la forma de adaptarse al cambio climático. Está claro que con una ganadería extensiva, estos efectos se aminoran sensiblemente.
Por último, está la contaminación atmosférica generada por derivados amoniacales al aplicar los purines al suelo agrícola. El porcino es el responsable del 27% de la emisión de amoníaco a nivel de toda España. En el 2017, la ganadería intensiva provocó el 92% de las emisiones y de ellas el 73% surgió de las granjas de porcino y el 19% de las de aves y estamos advertidos por Europa de sobrepasar los límites admitidos. Para aminorar las emisiones, Europa decidió prohibir esparcir los purines por el aire a los receptores de ayudas de la Política Agraria Común. Nueve comunidades en España, entre ellas la aragonesa, pidieron una prórroga para adaptarse. Se ha dado una moratoria para poder aplicarlo en marzo del 2020, pero el problema está latente porque el modelo de inyección pudiera aumentar la nitrificación del suelo.
Afecciones laborales y sociales
El comportamiento de las grandes empresas del sector tampoco es muy ejemplar. Así, los medios de comunicación reflejaban que, hasta hace pocos meses, a varios miles de trabajadores del Grupo Jorge de Zuera los tenían indebidamente como autónomos, lo que suponía no tener derechos a indemnizaciones ni vacaciones. El empresario Pini, impulsor del matadero de Binéfar, ha tenido problemas con la Justicia por fraude fiscal. Despedido de Polonia en el 2016, se le encarceló en marzo del 2019 en Hungría. Y por último, el grupo de cárnicas Valls se vio envuelto en denuncias en el último año por la venta fraudulenta de jamón ibérico. En el caso de los mataderos de Zuera, hasta hace muy poco tiempo, se observaban canales de sangre vertidos directamente al Gállego.
Sin embargo, las grandes empresas se están favoreciendo de grandes beneficios a la hora de agilizar los trámites administrativos y favorecer el inicio de actividades cuando, paralelamente, tenemos conocimiento de que pequeñas empresas familiares para la producción de queso fresco en el Pirineo, tardan tres años para conseguir su licencia de venta. Las condiciones favorables no impiden, sin embargo que, puesta en el mercado, el precio de la carne sea 2,5 veces mayor de lo que se paga a los ganaderos. Sin olvidar que las condiciones de trabajo en las cadenas de producción de los mataderos, son extremadamente duras que se realiza en su mayoría por personal emigrante.
En el binomio integrador-ganadero todas las cargas ambientales recaen en este último. Habiendo como hay, una directiva europea de Responsabilidad ampliada del productor, no acertamos a comprender cómo los grandes integradores, que llevan el 90% de todas las fases de producción, se desentienden de las afecciones ambientales.
Además, si hubiera una recesión en el sector, los principales perjudicados serían los ganaderos que han invertido o endeudado centenares de miles de euros para la construcción de la granja.
A nivel social, hay sectores de población del medio rural y urbano, que ven lesionados sus condiciones de vida con la proliferación de granjas. Agrupados en el colectivo Stop a la ganadería industrial, consideran que se perjudican otras actividades como el turismo, como es el caso del Maestrazgo, o la simple estancia en la vivienda o la calle, como en Huesca capital el pasado verano porque se provocan malos olores en el municipio. Stop a la ganadería industrial apoya, siguiendo las orientaciones de organismos internacionales, comer menos carne y de mayor calidad, lo que se consigue con ganadería extensiva. El crecimiento desmesurado de la industria del cerdo afecta ya a la producción de ternasco de Aragón y ganaderos del sector de ovino están cambiando su ocupación a macrogranjas de porcino.
Apoyar la mejora de la sostenibilidad agroalimentaria es una prioridad a nivel mundial. Producir grandes cantidades de carne es insostenible y el impacto para la salud y el medio ambiente muy graves. Un informe de la ONU del 2018 sobre las emisiones del sistema alimentario, expresaba el hecho de disminuir la ingesta de proteínas animales mediante una agricultura y ganaderia sostenible. En un escenario en que a nivel de los organismos internacionales, se está pidiendo menores consumo de carne, no tiene mucho sentido que en España se produzca tres veces más carne de cerdo que la que necesitamos.
Las quejas de las personas también se extienden a la forma de cría del cerdo: al reducidísimo espacio del que disponen (1 m2) y a las mutilaciones que en ocasiones sufren los animales. No extrañan las declaraciones de Juan José Badiola, presidente del Colegio de Veterinarios de España, considerando positivo que el consumidor reclame, cada vez más, un cierto bienestar animal que hoy en muchas granjas es claramente mejorable.
Se contemplan muy pocas medidas restauradoras y el resultado es un deterioro del territorio, en especial de los ríos que están abonados, medicados, hormonados y contaminados. Y lo peor, es que estos efectos se empiezan a notar ya en los grifos de 34 pueblos aragoneses.
La transición alimentaria es una necesidad
Como dijo el consejero Olona, el decreto sobre el porcino no trata de frenar su actividad. Según señala, se trata de ser competitivos con otros países y autonomías. Pero no a cualquier precio, añadimos nosotros. Las previsiones del CITA hablan de que para este año 2020 tendremos una capacidad de sacrifico de 20,6 millones de cerdos cuando a día de hoy es de 16,2 millones de cerdos. Es decir, se estimula un alto grado de crecimiento con unos costes ambientales que, consecuentemente, también serán crecientes.
El crecimiento en Cataluña se ha paralizado por las mayores exigencias en su producción y control. En Aragón las políticas son más permisivas. Nosotros añadimos que también más insostenibles. Mientras China esté afectada de la peste porcina y no pueda proveerse en otros países, tendremos asegurado una gran parte de la exportación. Pero la incidencia del coronavirus, entre otros factores, puede plantear serios problemas a esa exportación y que de nuevo habrá que controlar.
El problema es grave. El Justicia de Aragón, en el año 2019, envió un escrito al Gobierno de Aragón en el que le recordaba «la importancia de la aprobación del Plan de inspección y control de las actividades de producción y gestión de estiércoles y residuos orgánicos». Ahora, con mucho mayor motivo.
Es totalmente necesaria una transición alimentaria a una agricultura y ganadería más sostenible. Este modelo se va abriendo paso en otros países europeos que ya promueven una alimentación en escuelas y hospitales con alimentos más ecológicos, de proximidad y con una mayor seguridad alimentaria. No solo el Gobierno de Aragón sino que también el Ayuntamiento de Zaragoza no dan ejemplo en esta dirección. La disminución de los presupuestos de la ciudad de Zaragoza dedicados a la soberanía alimentaria en un 70%, es no entender por dónde van los procesos de la transición alimentaria.
Nosotros como grupos ecologistas dimos a conocer nuestro apoyo a las justas reivindicaciones del campo aragonés de finales de enero, por los bajos precios que reciben de sus productos, la presión de las grandes cadenas de distribución, la falta de apoyos al sector familiar y a los que tratan de producir más ecológico en la PAC, por los vaivenes de un mundo globalizado donde los más pequeños son expulsados de la producción.
No solo en este sector se desarrollan economías ultraliberales. También en el de las energías eólicas, en la implantación de Amazon para que no pague impuestos, en el desarrollo privatizador de la depuración en Aragón. ¿Hasta cuándo?
