Carlos Escó, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, los únicos tres acusados del caso saqueo de Plaza que no han alcanzado pactos con la Fiscalía, alegaron ayer ante el tribunal que les juzga que los delitos que les imputan, aún en el caso de que los hubieran cometido, estarían prescritos. En ello coincidieron sus abogados -Juan Monclús, Miguel Ángel Alemán y Jesús García-Huici, respectivamente- durante el trámite de cuestiones previas celebrado ayer. Las acusaciones lo estudiarán y, salvo sorpresa, las declaraciones comenzarán hoy.

Lo harán con las de estos tres acusados, los únicos cuya condena o absolución sigue siendo una incógnita después de que, como adelantó EL PERIÓDICO, los otros dos acusados que no habían aceptado acuerdos con la Fiscalía, Francisco Joven y María del Mar Jaso, lo hicieran a lo largo de la semana pasada, con la vista por empezar. Los acuerdos alcanzados por ambos fueron ayer expuestos en la sala y aceptados por el resto de las acusaciones.

En el caso del propietario de Viveros Joven, el acuerdo deja su condena en tres meses de cárcel y 345.000 euros de multa, más dinero pero mucha menos cárcel de la que en principio afrontaba.

En el caso de Jaso, su abogado, el penalista José Luis Melguizo logró in extremis que la Fiscalía la considerase únicamente como partícipe a título lucrativo (sin delito), por lo que tendrá que responder de una factura de 60.360 euros, ya que la responsabilidad de la mayoría de asuntos que le imputaban recaía en realidad en otro acusado, ya fallecido y por tanto sin responsabilidad penal.

Estos acuerdos se unen a los alcanzados por otros 20 acusados, de los cuales solo el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona José María Jordán, irían a prisión. A cambio de una rebaja sustancial de penas se logró que los acusados se avinieran a aportar todo el dinero embargado, y 60 millones de euros en el caso de Acciona, más lo que se acuerde en un futuro proceso de arbitraje.

Los únicos que no se han avenido al pacto y a reconocer su culpa son el exconsejero delegado de Plaza Carlos Escó, el empresario Miguel Ángel Floría y el constructor Agapito Iglesias.

Los dos primeros fueron incriminados por García Becerril, quien en dos correos electrónicos bajo el título de Miserias, hablaba de unos presuntos pagos exorbitados por trabajos para Plaza encargados por Escó a Floría. Unos correos que, recordó el abogado Monclús, no han sido ratificados ni negados por García Becerril porque no llegó a declarar.

El abogado de Agapito Iglesias volvió ayer a pedir que se aparte del tribunal al magistrado Francisco Picazo, por haber instruido el caso pagarés de Plaza. Una recusación que ya fue denegada antes, y que generó un momento tenso cuando, luego, el letrado dijo que posponer la vista sería «dar ventaja» a la acusación. El presidente del tribunal, Javier Cantero, lo tomó como una insinuación de parcialidad. «De esas, ni una», advirtió.