El juicio por el caso saqueo de Plaza, la causa principal, contó ayer por fin con las primeras declaraciones de acusados, después de los múltiples pactos que han hecho que solo tres de los 25 encartados iniciales vayan a pelear por demostrar su inocencia. Así lo hicieron ayer el constructor Agapito Iglesias y el exconsejero delegado de Plaza Carlos Escó, que hoy terminará de responder a los abogados de las defensas, antes de que pueda hacerlo el empresario Miguel Ángel Floría.

La sesión había quedado pendiente de que las acusaciones valorasen la prescripción de los delitos que habían solicitado las defensas, y no la comparten. Los magistrados pospusieron su decisión a la futura sentencia, y negaron la parcialidad del juez Picazo o la falta de concreción de delitos.

Entre los acusados que han aceptado su culpabilidad y pactado una condena con las acusaciones, casi todos rechazaron declarar, como es su derecho. Prácticamente solo el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, se avino a responder, a la Fiscalía, para acreditar lo que les interesaba en relación con Carlos Escó, quien en buena medida está sentado en la causa por dos correos electrónicos incriminatorios (titulados Miserias) enviados por García Becerril a otro miembro del consejo de administración.

MALA RELACIÓN

García Becerril y Escó insistieron en su mala relación mutua, y el primero se ratificó en que el contenido de sus correos es «absolutamente cierto». Afirmó que Escó le puenteaba a la hora de gestionar negociaciones que no le correspondían, y que él no estaba de acuerdo en algunos contratos. Recordó que Escó le llamó porque tenía su correo (no sabía cómo) y le abroncó «por mi manía de ahorrar dinero a Plaza consiguiendo rebajar el precio de los contratos», ironizó. Llegó a afirmar que le amenazó.

Escó negó esto último -«no tengo ese estilo barriobajero, nunca lo he tenido»-, aunque admitió que la relación con García Becerril era «mala, complicada».

En cualquier caso, negó que asumiera cualquier tarea más allá de servir de enlace entre Plaza y su consejo de administración y ejercer de representante institucional ante el Gobierno de Aragón u otras instituciones, como dijo la última sentencia del Supremo que le absolvió.

Fiscalía y el Gobierno de Aragón repasaron sus presuntas adjudicaciones irregulares de contratos al coacusado Miguel Ángel Floría, en los que intervino pero no como «acto de gestión, porque eran cosas pequeñas».

Fue explicando que él como mucho propuso a Floría que presentase ofertas de un vídeo promocional de Plaza, porque había visto algún otro trabajo suyo, pero no intervino en la adjudicación. Y afirmó que trabó amistado con el empresario tras su experiencia profesional, al adquirir «una casa en el valle de Tena», y las reformas que le hizo en su vivienda no tenían «nada que ver» con los contratos de los que resultó ganador para el parque lineal de Plaza u otras obras.

También desligó toda esta relación del hecho de que la hija de Floría acabase en el gabinete de prensa de la DGA, porque era «una beca de la Asociación de Periodistas de Aragón, que es independiente». E igualmente se quitó toda responsabilidad en la recalificación de terrenos que benefició a la empresa Sanedi, pues fue un acuerdo entre Administraciones estatales. Aunque al principio dijo que es «de Filosofía y Letras, no ingeniero de caminos» para evita entrar en cuestiones técnicas, acabó dando una clase magistral de infraestructuras ferroviarias ante la sala.

Escó tendrá que terminar de declarar hoy, pero Agapito Iglesias completó ayer su testimonio. En él afirmó que el informe que encargó su sociedad Multiinversiones 2005 a Pulsar, de las hijas de García Becerril -antes de que ninguna de las dos sociedades existiera- fue, como otros seis, para acreditar que la compra de una parcela de Plaza por 18 millones de euros era rentable.

Por lo mismo justificó que les perdonara el alquiler de la guardería que instalaron en su local, como a todos los negocios, por la crisis, explicó. Lo que le interesaba es que la parcela tuviese servicios para vender oficinas.

Tampoco es cosa suya, indicó, que el informe por el que pagó 58.000 euros fuese un plagio.