Ni el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ni el exconsejero delegado de la compañía pública, Carlos Escó, informaron al consejo de administración de la plataforma logística en su sesión del 16 de diciembre de que la víspera habían firmado los cuatro pagarés por 8,7 millones de euros a favor de Codesport, la empresa de Agapito Iglesias, por las obras de las naves de Autocity.

Según recoge el acta de esa reunión del consejo, García Becerril asistió "por indicación del presidente" --Alfonso Vicente, consejero de Obras Públicas--, mientras que Escó lo hizo en su condición de consejero delegado de la empresa pública. Estuvieron presentes en la reunión, además de Vicente, el consejero de Economía, Alberto Larraz; el de Medio Ambiente, Alfredo Boné; la de Ciencia y Tecnología, Maite Verde; la concejala zaragozana Isabel López; los altos cargos de la DGA y sus compañías José Luis Abad y Agustín García Inda y los representantes de las cajas Francisco Bono --hoy consejero de Economía-- y José Luis Rodrigo.

En el acta de la reunión no aparece una sola referencia a los pagarés. Ni siquiera en el apartado de ruegos y preguntas, cuyo único contenido fue una referencia del presidente de Plaza a la visita que habían realizado al complejo logístico los miembros de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón.

FECHAS

Los pagarés fueron suscritos por Escó y García Becerril dos semanas después de que, el 1 de diciembre, Codesport presentara cuatro facturas de 879.270 euros por "modificados", de 1.775.177 y de 1.975.589 por "revisión precios" y de 2.904.567 por "sobrecostes". Sumaban 7.534.603 euros, que con un IVA del 16% se elevaban a 8.740.139.

Los cuatro pagarés sumaban esa última cifra. Uno de 1.019.953 euros vencía el 1 de junio del 2009, mientras que la fecha límite de canje de los otros tres --de 2.059.205, 2.291.683 y 3.369.297 euros-- se situaba exactamente un año más tarde.

Escó explicó en su declaración como imputado por este asunto que no se había percatado de que el último superaba la cifra de tres millones de euros, para la que inicialmente admitió carecer de autorización aunque su abogado --Juan Monclús-- sostiene que sí podía firmar por encima de esa cantidad, mancomunadamente con García Becerril, como consecuencia de una habilitación específica del consejo.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantiene imputados a Escó y Becerril, a los que atribuye indiciariamente un delito de administración desleal y otro de malversación; a Iglesias, al que considera sospechoso de cooperar con ellos y señala como presunto autor de una estafa, y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez. Investiga si el sobrecoste de las obras --adjudicadas por 14 millones y liquidadas por 32 tras una modificación-- incluyó actuaciones delictivas.

SIN CERTIFICACIÓN

Las facturas contra las que fueron emitidos los pagarés, todas conformadas por García Becerril, carecen de certificaciones de obra que las sustenten documentalmente. Pérez aseguró en su declaración como imputado que no pasaron por su mesa, ya que, al estar entregadas las naves, los técnicos de Plaza no tenían nada que certificar.

El informe pericial que Plaza presentó junto con la denuncia que originó la apertura de las diligencias cifra en 7,6 millones --serían 8,7 con el IVA-- el precio pagado de más por Plaza por las naves de Autocity, aunque reduce a 6,65 millones la parte "incongruente" de esa "certificación complementaria" presentada por modificaciones, revisiones de precios y sobrecostes.