La puesta en marcha de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), cuyas obras se iniciaron en el año 2002, nació corrupta. Así lo reconoce la Audiencia de Zaragoza en su sentencia por la malversación de caudales públicos en la que el tribunal señala que hubo «un plan urdido desde el inicio» entre los responsables de la empresa pública y Acciona crearon un agujero de 147 millones de euros. Quienes no participaron en esta malversación fueron el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría.
Así lo afirman los magistrados Javier Cantero, Esperanza de Pedro y Francisco Picazo en una sentencia -que puede ser recurrida- hecha pública ayer y en la que confirman los pactos que cerraron previamente al juicio los otros 22 acusados con la Fiscalía Anticorrupción. De este modo, los cerebros de la trama, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exdirectivo de Acciona, José María Jordán, irán a prisión.
En diciembre quedó visto para sentencia el juicio y solo había una incógnita: qué iba a pasar con los tres encausados de esta macrocausa que no quisieron llegar a pactos y que reiteraron su inocencia durante los seis años de investigación. Después de tres meses, la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza considera que «existen serias dudas» como para afirmar que Escó, Floría e Iglesias incurrieron en una actuación delictiva.
PATRIMONIO ESCÓ
Sobre el patrimonio del exviceconsejero Escó, que afrontaba 4 años y 9 meses de prisión, argumentan que «aun siendo de origen desconocido este origen, por sí solo, es insuficiente para fundamentar una condena, habida cuenta del carácter absoluto del derecho a la presunción de inocencia».
Es por ello, aseveran, que «no es posible» hablar de que este hombre, defendido por el abogado Juan Monclús, incurriera en un delito de malversación de caudales «en cuanto no se ha acreditado, ni que sustrajere caudales públicos, ni que consintiera» a su amigo Miguel Ángel Floría, para el que solicitaban una condena de 3 años y 3 meses de cárcel, que los sustrajese. Es más, señalan que este empresario, que fue asistido por el letrado Jesús García-Huici, «se limitó, en uso de su legítimo derecho, a cobrar los trabajos realizados, cuyos importes han sido justificados debidamente mediante la oportuna factura».
Añaden que «no consta intervención» alguna de Escó en cuanto a la adjudicación de unos revestimientos de fachadas de naves que realizó Floría y que «no puede decirse» que el que fue mano derecha del presidente Marcelino Iglesias «haya influido» en que este empresario fuera el encargado de realizar un vídeo promocional de la plataforma logística. «Todos los miembros del consejo de administración declararon la absoluta libertad en la toma de decisiones», destacan al tiempo que aseveran que «el hecho de que Escó, acompañado de una empleada, acudiera a las instalaciones de Floría obedece a una estrategia comercial por parte de este, que no puede ser considerada como tal salvo que, con carácter general, pretendamos criminalizar todas las estrategias comerciales». De esta forma rechazan los delitos de cohecho y tráfico de influencias que se les acusaba.
Con respecto a la actuación de Escó en la operación inmobiliaria de unos terrenos a Sanedi, la Audiencia de Zaragoza zanja la polémica afirmando que «la venta lo fue con anterioridad a la constitución del consejo de administración de Plaza y a la promulgación de la ley que rige Plaza, obedeciendo dicha operación a la obtención por su parte de liquidez y de otra parte porque era la cantidad más baja de todas las percibidas por los propietarios afectados con el beneficio consiguiente para los intereses públicos».
El expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias afrontaba 5 años y 10 meses de prisión, si bien también ha sido absuelto. Fue acusado por girar una supuesta factura falsa a la empresa pantalla de las hijas del exgerente de Plaza a razón de un estudio de impacto logístico y así conseguir trabajo con la plataforma. Tenía fecha posterior a la creación de la entidad.
La Audiencia de Zaragoza señala al respecto que la Agencia Tributaria «vio y comprobó dicha factura, su contabilización y su registro sin que haya tenido constancia de la regularización definitivamente practicada, aunque fue considerada correcta» y añade que, aunque hay dudas en cuanto a la fecha, «Iglesias explicó que obedece a una petición anterior efectuada por un empleado, ya fallecido». Aunque los jueces dan por bueno el acuerdo entre Anticorrupción y 22 de los acusados, realizan una modificación con respecto a la hija del exgerente de Plaza, Carolina García Planté, que ha sido exonerada de un delito de falsedad en documento mercantil, a pesar de haberlo confesado.
No fue la única absuelta tras el acuerdo con el ministerio público, ya que también lo fueron el trabajador de la UTE Acciona-MLN, José Luis Albendea; el gestor de la empresa de las hijas del exgerente; Francho Chabier Blasco, y los empresarios Manuel Colonques (dueño de Porcelanosa), Ramón Margalejo y María del Mar Jaso.
Pero no todo han sido absoluciones en este caso, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el directivo de Acciona José María Jordán irán a prisión, mientras que otras 17 personas han sido condenadas, aunque no acabarán entre rejas. Ello obedece a la voluntad de la Fiscalía y la DGA de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Acciona se comprometió a abonar 50 millones de euros, si bien el resto, hasta los 147 millones, se reclamará por el método del arbitraje judicial.
