El periplo juidicial tras el veredicto absolutorio del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el consejero delegado de Plaza Carlos Escó, por el caso karts, todavía no ha finalizado. Están a la espera de sentarse en el banquillo para responder por el caso saqueo, la pieza principal de la presunta trama corrupta en la que hay 25 acusados de malversar más de 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de esta plataforma logística.

Por ello la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 23 años de prisión para García Becerril y de 7 años para Escó. En esta ocasión no será un jurado, sino la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la que tendrá que decidir si el exgerente y el que fuera vicepresidente socialista de la DGA se enriquecieron con la puesta en marcha de este proyecto, «viciado desde el inicio», según el ministerio público y el juez instructor, José Ignacio Martínez. El magistrado apuntó en su auto de procesamiento que la UTE formada por Acciona y MLN fue conocedora, antes de trabajar, del dinero que iba a recibir y, al parecer, marcó hasta los desfases. Así lo apuntó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

Lo que está en el aire es si ya tendrán una condena en firme cuando llegue el juicio. Dependerá del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo que tiene que revisar la condena de cuatro años de prisión que le impuso la Audiencia de Zaragoza por el caso pagarés, en el que se malversaron 8,7 millones de euros en una operación inmobiliaria de la que se benefició Codesport, la sociedad de Agapito Iglesias, también condenado.

Este caso tampoco es buen precedente para las acusaciones, en realidad. La Audiencia descartó que se hubiese inflado el precio de las naves (se hablaba de 14 millones), pero consideró que el dinero lo tendría que haber pagado la empresa que las encargó, Autocity, si bien los tres implicados se compincharon para que lo abonase Plaza.