La magistrada Esperanza de Pedro absolvió ayer in voce (de viva voz) a los tres acusados en el caso karts de Plaza, refrendando así la decisión del jurado, que les consideró no culpables de los delitos de malversación -o apropiación indebida- y cohecho que les imputaban, y por los que se enfrentaban hasta a once años de prisión. La sentencia no es firme, pero las tres acusaciones (Fiscalía, Plaza y DGA) coincidieron ayer en que será difícil de recurrir, si es que llegan a hacerlo.

Los miembros del jurado se vieron abocados en su gran mayoría (7 contra 2) a la absolución, ya que consideran que durante la vista se les ofrecieron «indicios», pero no «pruebas» lo bastante contundentes, de los cargos que les atribuían.

Porque el aparente debate, al menos para las acusaciones, no era tanto si la confesión del dueño del kartódromo Aragón, Santiago Becerril, era creíble o no, sino si el resto de indicios bastaban para corroborarla. El acusado mantuvo hasta el final que pagó una comisión de más de 600.000 euros al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, extraída de los 6,3 millones que cobró de la plataforma. Y que este le dijo que se la repartiría con «el delegado, ese de barba», que sería el exconsejero delegado de la plataforma, Carlos Escó.

El fiscal expuso en su informe final que la confesión era lo suficientemente firme, sostenida y «vehemente» como para creerla. Sin embargo, para el jurado (o para 7 de los 9 miembros del mismo), la autoinculpación no basta porque García Becerril lo negó, y no consideraron que haya que darle más valor al testimonio del uno que al del otro.

Tampoco les vale como prueba el hecho de que se produjeran esas extracciones «raras», en palabras del fiscal, cantidades de 220.000 euros coincidentes con los tres ingresos en los que se dividió el pago del karting.

POR PARTES / El jurado, según explicó su portavoz, ve probado que el dinero se extrajo, «pero no su destino». Según el confeso absuelto, fue a parar, en billetes de 500 en un sobre, al bolsillo de García Becerril.

Al decaer la prueba principal, el hecho de que Escó y García Becerril manejasen o no cantidades ingentes de dinero en metálico de origen desconocido pierde importancia (de hecho no se contemplaba en ninguna de las preguntas del cuestionario).

Tampoco tuvieron oportunidad de opinar acerca de si el precio del solar fue inflado, más allá de que lo «acordaron» entre Ricardo García Becerril y Santiago Becerril. Y al consejo de administración le pareció bien. El objeto del veredicto recogía un par de preguntas sobre el carácter público de Plaza, pero al final el criterio de los nueve hombres justos sobre el dinero es intrascendente, al no haber delito.

En definitiva, el jurado consideró que no había lo bastante a lo que agarrarse para condenar, y declaró no culpables a los tres de los tres delitos por los que llegabaron acusados a este juicio, a comienzos de la semana pasada, en la Audiencia de Zaragoza.

El fallo fue acogido con alegría contenida por los acusados, algo más efusivos tras disolverse el tribunal, pero sin alharacas. Como mucho explicaron a la prensa que tenían plena confianza en este resultado, aunque las caras de sus letrados pudieran inducir a pensar lo contrario.

Pese a ser dictada en la propia sala, la sentencia es recurrible, en teoría. Otra cosa es que lo vaya a ser. El fiscal, Javier Checa, explicaba al salir de la sala que, «en principio», no recurrirá, porque tal como fue formulado, el veredicto es «inatacable». Porque, como recordó, los hechos que el jurado (o un tribunal profesional) declara probados en la sentencia son intocables en el recurso, y «si no ven pruebas, no ven pruebas». Habría que recurrir a algún tecnicismo o contradicción, que aparentemente no la hay, para tener algo que alegar. Aún así, Checa sigue confiando en el jurado.