El consejero delegado de Plaza entre 2003 y 2010, Carlos Esco, ha negado hoy tener cualquier relación personal con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y también que en virtud de su cargo en la sociedad pública firmara pagarés sin estar autorizado a ello.

Esco está imputado en dos de las causas judiciales abiertas por presuntas irregularidades en varios contratos de la Plataforma Logística de Zaragoza, en concreto por firmar unos pagarés por valor de 8,7 millones de euros, supuestamente sin autorización del consejo de administración, en relación con las naves que construyó Codesport, propiedad de Agapito Iglesias, y también por irregularidades y sobrecostes en la construcción de las naves que adquirió en Plaza la empresa Caladero.

El exejecutivo de Plaza ha comparecido hoy ante la comisión parlamentaria de las Cortes de Aragón que intenta depurar responsabilidades políticas en la gestión y desarrollo de Plaza y, al contrario que hicieron ayer los otros imputados que comparecieron, ha respondido, tras hacer una declaración inicial, a las preguntas que le han formulado los grupos políticos.

Ha asegurado que personalmente no mantenía ninguna relación con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril (imputado en cuatro de las causas abiertas en la gestión de la plataforma Logística) más allá de la estrictamente necesaria por su cargo.

"No había una relación fluida; una empresa no es un club de tenis para hacer amigos. Teníamos una relación profesional y punto", ha enfatizado Esco, quien ha dicho que García Becerril era una de las aproximadamente 200 personas con las que se podía llegar a reunir al año como consejero delegado de Plaza.

También ha negado que él le dictara instrucciones y ha rehusado contestar directamente al diputado de CHA, José Luis Soro, cuando éste le ha preguntado si en algún momento propuso su cese.

Esco ha negado "taxativamente" que alguna empresa le ofreciera dinero o él lo exigiera por favorecer adjudicaciones en las obras de Plaza, pregunta que le ha formulado la diputada de IU Patricia Luquin y que él ha considerado "inoportuna e improcedente".

Había "suficientes medios de control interno", ha indicado, y ha explicado que él mismo y García Becerril tenían firma mancomunada en cualquier pagaré con importe entre 10.000 euros y 3 millones, y que los superiores a esta cantidad requerían autorización del consejo.

Ha manifestado que nunca firmó en solitario un pagaré por más de 10.000 euros, entre otras cosas, ha dicho, porque los bancos "lo hubieran rechazado".

Esco ha asegurado que no recuerda que nunca un pagaré por más de 3 millones se fraccionara en varios, porque correspondían íntegramente a certificaciones de obras.

Y ha remarcado que no hubo trato de favor hacia el empresario Agapito Iglesias en la adjudicación a su empresa, Codesport, de la construcción de varias naves, cuyo proyecto luego se modificó al alza sin un nuevo contrato público.

Nadie "protestó" por eso en el consejo de administración, ha asegurado, y nadie informó de que es cambio, al parecer "radical", podría ser "ilegal".

Tampoco nadie "advirtió" que la empresa encargada de la supervisión de las obras de las naves, Escaleno, era también propiedad de Agapito Iglesias, un elemento que "podía haberse evitado".

Esco ha añadido también que su función en el consejo de administración era "captar" empresarios y "generar confianza" entre ellos y ha asegurado que "absolutamente nunca" tuvo conocimiento de anomalías o irregularidades en la gestión de Plaza, ni de los trabajadores ni de ámbitos externos.