El decreto se aplicará en los espectáculos montados por organizadores privados y no afecta a los que se organicen por los ayuntamientos o por las comisiones de fiestas, ya que los consistorios no pueden concederse autorizaciones a sí mismos, si bien tendrán que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
Uno de los reparos que pone el Consejo Consultivo al texto del decreto es que debería figurar la necesidad de hablar con los vecinos próximos al lugar en el que se va a desarrollar el espectáculo.
El texto definitivo prevé una rebaja sustancial respecto al borrador de las fianzas, de forma que para espectáculos con un aforo hasta 500 personas será de 1.000 euros; de 501 personas a 1.000 será de 2.000 euros; de más de 1.000 personas de 3.000 euros y por cada incremento de público de más de mil personas serán mil euros hasta un límite máximo de 18.000 euros.
