España, uno de los países con mayor tradición católica del mundo, parece caminar en las últimas semanas hacia el club de las naciones donde se han denunciado casos de pederastia y abusos sexuales protagonizados por religiosos, llegando a provocar grandes escándalos en EEUU, Irlanda o México.

Los casos denunciados en Granada, con tres curas y un profesor de religión detenidos e imputados por presuntos abusos sexuales a menores; Épila (Zaragoza), donde un diácono ha acusado a un párroco de acoso; o Reus (Tarragona), en la que un antiguo seminarista ha revelado que fue objeto de abusos sexuales cuando era niño, parecen confirmarlo.

La excepcionalidad en la que se enmarcaban estas denuncias hasta ahora, "España era diferente", se ha roto con la intervención del papa Francisco en el caso de Granada, al llamar por teléfono directamente al joven que denunció los abusos para pedirle perdón y preguntarle por su caso, un hecho sin precedentes que confirma el compromiso del Santo Padre en la lucha contra este tipo de hechos.

Después de trascender la intervención del papa, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, llegó a postrarse ante el altar mayor de la catedral para pedir perdón por los "escándalos" y asegurar durante su homilía que "el mal es mal" y hay que "erradicarlo" de forma decidida si afecta a inocentes.

Los detenidos han sido puestos en libertad con cargos por el juzgado de instrucción que investiga la denuncia, mientras que la diócesis granadina, en medio de la sorpresa y perplejidad ciudadana que ha provocado este caso, ha expresado su respeto a la acción de la justicia y ha rechazado que haya habido ocultación sobre la conducta de estas cuatro personas, que han proclamado su inocencia.

En la archidiócesis de Zaragoza, la acusación de un diácono por un presunto acoso contra un párroco con el que compartió vivienda ha cuestionado las razones, su mala salud, que dio hace dos semanas el arzobispo Manuel Ureña para renunciar al cargo.

Algunos medios locales vinculan su marcha a la entrega al diácono, que no pudo ordenarse sacerdote, de 60.000 euros "netos" sin aclarar en qué concepto y el arzobispado ha abierto una investigación.

Una asociación de vecinos de Épila ha reclamado la renuncia cautelar del párroco, mediante una carta que han entregado en la sede del arzobispado en zaragoza, ante la "alarma social" que el caso está creando en el pueblo, donde "hay mucha gente preocupada e indignada".

Según ha dicho su presidente, José María Simón, el arzobispado le ha trasladado que "comprenden la situación" y que lo "más rápidamente posible tomarán una determinación" sobre el futuro del cura, que lleva más de seis años en Épila y que fue secretario del arzobispo.

Lo único que pretende la asociación con su petición es "evitar que haya conflictos" en el pueblo, ha remarcado Simón, quien ha precisado que ellos no entran en quién tiene razón, ya que el asunto lo deberán dilucidar las autoridades eclesiásticas y judiciales.

A estos dos casos se ha sumado hoy el de un antiguo seminarista de Tarragona, que tiene 45 años y que ha denunciado que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 11 años y estaba interno en el Seminario Mercedario de Reus.

El antiguo seminarista se ha decidido a desvelar su historia, pasados 34 años, para quitarse un "peso" que ha llevado "encima durante demasiado tiempo", animado por la investigación policial y las detenciones de los presuntos autores de abusos en Granada.

Sergi, que es como se llama, se ha decidido a romper su silencio en el Diari de Tarragona al ver todo lo que ha pasado en Granada, tras vivir toda su vida "guardando un secreto que ha provocado que le tenga un gran odio a la Iglesia".

Este hombre cree que después de lo de la ciudad andaluza "saldrán a la luz muchos más casos de víctimas que han estado calladas durante años por vergüenza" y les anima "a que lo hagan público.

El Arzobispado de Tarragona ha "lamentado profundamente" que se hayan producido o se produzcan casos de este tipo y ha anunciado, tras conocer el relato del exseminarista, que ha iniciado una investigación a la vez que ha animado a las víctimas a que lo denuncien ante las autoridades civiles.