La mayoría de las comunidades autónomas abogó ayer por primar la figura del agricultor profesional y eliminar los derechos históricos a la hora de recibir ayudas en el marco de la negociación que se está desarrollando en Madrid para consensuar una posición en todo el Estado sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Este principio de acuerdo, que va en consonancia con la propuesta que puso Aragón sobre la mesa, fue anunciado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La nueva PAC debería aplicarse para el periodo 2021-2027, aunque se prevé que su entrada en vigor se retrase hasta el 2022 o el 2023.
Por el momento, el ministerio y las comunidades autónomas acordaron durante la reunión la creación de un grupo de trabajo para diseñar un plan estratégico sobre esta cuestión que comenzará a funcionar el próximo mes de febrero.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, calificó este logro como una «excelente noticia» al considerar que la eliminación de los derechos «es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector».
El principio de acuerdo también incide sobre la necesidad de establecer límites en los pagos, o de poner en primer término la rentabilidad de las explotaciones. Desde la DGA defienden que el medio rural necesita armas para «luchar contra el cáncer de la despoblación», al mismo tiempo que la agricultura precisa «de un importante relevo generacional».
AYUDA COMPLEMENTARIA
Olona igualmente defendió la necesidad de una ayuda complementaria a la renta en favor de quienes, aún con los pagos directos percibidos, no alcancen la renta de referencia nacional corregida en función de las características del beneficiario.
Otro punto clave para el desarrollo de las zonas deprimidas o la fijación de población y en el que consejero ha hecho hincapié es la creación de regadío. En este sentido, Olona recordó que, durante esta legislatura, en Aragón «se ha apostado y ha avanzado mucho» en esta dirección a través de las medidas existentes en el Programa de Desarrollo Rural diseñado para el periodo del 2014 al 2020.
MENOS PRESUPUESTO
Sobre la necesidad de priorizar la equiparación de las rentas de los agricultores con los activos del resto de la economía, Olona aseguró que es necesario «el apoyo específico y diferencial a la explotación familiar como base real del mantenimiento demográfico del nuestro medio rural, frente al riesgo creciente de una agricultura tendente hacia empresas o corporaciones gestoras de la tierra y de la producción primaria».
La reforma de la PAC fue uno de los objetivos que la consejería de Desarrollo Rural asumió al comienzo de la legislatura. Con el cambio en el ministerio la posibilidad de un acuerdo está cercana. La situación es diferente en Europa, pues los presupuestos comunitarios ya han reducido las partidas de las ayudas.
