Francisco ha revolucionado la figura del Papado desde que fue elegido pastor entre los pastores de la Iglesia católica. El lema de su escudo Lo miró con misericordia y lo eligió ya lo avisaba y hace unos días lo demostró con una víctima de presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes de Granada.
No dudó en llamar al joven que ahora rondará unos veinte años para pedirle perdón, después de recibir una carta en la que le relataba su sufrimiento. No solo habló como el padre Jorge Bergoglio --que es como se presentó al muchacho--, sino que ejerció el poder que ostenta y forzó una investigación que ha llevado al obispo de esta provincia andaluza a tomar "medidas cautelares" contra diez sacerdotes. Una respuesta que no ha quedado en la justicia divina, sino que la terrenal también ha abierto diligencias. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada investiga este asunto, que está bajo secreto de sumario.
En otro juzgado, este en la localidad zaragozana de Tarazona, no se investiga un asunto de abusos sexuales, pero sí el de la presunta apropiación indebida de nada menos que 186.000 euros por parte de uno de sus pastores, mosén Florencio. En esta ocasión no fue una víctima la que se puso en contacto con Francisco, sino la jueza instructora, María Nieves Pérez, para preguntarle si se siente perjudicado por la acción de quien fuera párroco de Borja.
Llamada judicial
Una llamada judicial que se produjo después de que el Obispado de Tarazona declinara personarse en la causa como parte perjudicada por considerar que no había sufrido detrimento alguno. Su titular, Eusebio Hernández, llegó a reconocer que creía en la "total" inocencia de Florencio al tiempo que anunciaba una investigación interna de cuyos resultados nada se sabe.
Tanto la diócesis turiasonense como el abogado del sacerdote, Enrique Trebolle, defienden que lo que se está investigando por el Estado es un tema propio de la Iglesia. Así lo defendió el propio prelado en una visita a la Fiscalía, que coincidió con la entrada en prisión, de forma provisional, de Garcés. A la semana siguiente salió del centro penitenciario de Zuera y el representante del ministerio público que le envió, Raúl Miranda, fue sustituido por Pilar Cuervo. No ha sido el único movimiento a raíz de esta investigación, ya que el guardia civil instructor de la misma, Rubén Calle, fue destinado hace unos meses a Lérida.
En las últimas semanas el caso ha dado dos giros importantes: la jueza ha imputa una falsificación de un documento privado al religioso y la representante del ministerio público se opone a la petición de las defensas para que no se tome declaración como perjudicadas a varias congregaciones religiosas que dejaron de percibir el 10% de una herencia de 600.000 euros, de la que fue albacea el cura de Borja.
La fiscala recuerda que la acción penal es pública, tal y como obliga su ejercicio la Constitución española. Un dime y un direte constante que hace necesaria más que nunca una respuesta del Papa administrador.
