La mujer de L. F. P. G. denunció tres veces a los inquilinos, los padres de la niña, para tratar de que abandonaran la casa, ya que no entendía que tras haber denunciado a su marido por una acción tan grave siguiesen ocupando la vivienda. Además, aseguraba en las denuncias que le amenazaban con denunciarla "por cualquier cosa" si actuaba contra ellos. El informe de los peritos judiciales indica que los padres confesaron durante la instrucción, además de ingresos no declarados del gremio de la construcción, continuas solicitudes de ayudas sociales que les permitían no solo vivir, sino enviar regularmente 400 euros mensuales a su país para pagar una casa que se estaban construyendo y la boda que pensaban celebrar.